El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado que el relevo al frente del CNI pretende reforzar sus capacidades y no se debe a que desde este organismo se haya actuado fuera de la ley, ya que siempre lo ha hecho con todas las garantías para proteger a los ciudadanos "piensen como piensen".
Bolaños ha defendido la legalidad de esas actuaciones en su comparecencia ante la comisión Constitucional del Congreso, donde los representantes de grupos socios del Gobierno han pedido aún más aclaraciones por el espionaje con Pegasus y los de formaciones como PP, Vox y Cs han reprochado la destitución de Paz Esteban como responsable de los servicios secretos.
El motivo inicial de la comparecencia del ministro era la presentación del Plan Anual Normativo del Ejecutivo, pero tras exponer las leyes previstas para los próximos meses, la gran mayoría de portavoces han eludido este asunto y se han volcado en abordar la crisis del espionaje.
Ante las críticas, Bolaños ha recalcado que tanto el CNI como todas las instituciones de la democracia actúan conforme a la ley, con todas las garantías y protegiendo a todos los ciudadanos de España, "piensen como piensen y sean del color político que sea".
Al hilo de ello ha aclarado que la destitución de Esteban (que el Gobierno califica de "relevo" o "sustitución") no significa que se haya vulnerado ese principio de actuación.
La decisión, según ha explicado, se ha adoptado para abrir "una nueva etapa para reforzar sus capacidades en materia de ciberseguridad y luchar contra el ciberespionaje que es evidente que ha sufrido el Gobierno".
Bolaños ha recalcado que el CNI se dedica a salvar vidas, proteger a todos y hacerlo calladamente.
Frente a los reproches de ausencia de explicaciones, ha reiterado que se está gestionando la situación con transparencia y "con la conciencia tranquila".
Ha asegurado entender la preocupación de las persona afectadas por las escuchas y ha evitado comentar las referencias de algunos portavoces que han apuntado a países como Marruecos o Israel como responsables de las escuchas.
Sí ha asumido que hubo un delito en el espionaje a los miembros del Gobierno porque fue obra de una intrusión externa que no provenía de ningún organismo oficial y con autorización judicial.
En la comisión no ha participado la portavoz de ERC, Carolina Telechea, por un "imprevisto", según fuentes de su grupo, y los de otras formaciones han insistido en exigir más explicaciones.
El diputado de Unidas Podemos Jaume Asens ha dicho que el cese de Esteban ha sido "un paso importante" que "no elimina la exigencia de saber la verdad" ante unos hechos "muy graves".
Entre otras medidas, ha pedido desclasificar los documentos sin necesidad de autorización judicial, "limpiar las cloacas del Estado" y derogar la ley de secretos oficiales, una "anomalía democrática" que ha calificado de "obsoleta y franquista".
Precisamente esta ley ha centrado la intervención del portavoz del PNV, Mikel Legarda, que ha dicho que desde la toma en consideración de su proposición para reformar el actual texto en vigor "no ha habido ningún movimiento" y tampoco hay noticias de la reforma que prepara el Gobierno.
Para la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, hay "demasiadas incógnitas, dudas y lagunas" sobre un espionaje político "masivo" y ha pedido una comisión de investigación y depurar las "responsabilidades necesarias" porque en su opinión es "difícil de creer" que sólo haya una persona responsable, en referencia a la directora del CNI cesada.
Dudas e idénticas peticiones entre los independentistas catalanes: Josep Pagès i Massó (Junts) ha mostrado su interés en saber de "dónde arranca el espionaje masivo al independentismo catalán" y Mireia Vehí (CUP) ha comentado que "no se han clarificado muchas cosas".
Más críticas por parte de los partidos de la derecha, que han coincidido en reprochar a Bolaños que el Gobierno haya hecho "concesiones" a los independentistas al entregar la "cabeza" de la directora del CNI con el objetivo de agotar la legislatura.
"Tienen una clara hoja de ruta, desde luego (...) consiste en cualquier acuerdo y cualquier cesión a los independentistas con tal de mantener su Gobierno", ha asegurado la diputada del PP Edurne Uriarte, que ha acusado además a Bolaños de anunciar en una rueda de prensa el espionaje a miembros del Gobierno para "prefabricar la prueba con la que después iban a cesar a la directora del CNI".
En la misma línea, Edmundo Bal (Ciudadanos) ha afeado al Gobierno que haya "cedido al chantaje de sus socios independentistas" y ha comentado que si ha habido un fallo en la seguridad de la comunicación de Moncloa el responsable es Bolaños y no la directora del CNI.
Y el diputado de Vox José María Sánchez García ha dicho que "la única responsable" del espionaje es la ministra de Defensa, Margarita Robles, "y por encima" de ella el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por lo que ha pedido la dimisión de uno de los dos.
