Las zonas abastecidas por las cuencas de los ríos Ter y Llobregat, como son Barcelona y su área metropolitana donde se concentra la amplia mayoría de población de Cataluña, se enfrentan a una de las mayores sequías de las últimas décadas, con la aplicación de la alerta de excepcionalidad.

Las previsiones del Servicio Meteorológico de Cataluña tampoco son nada alentadoras para los próximos meses, en cuanto a lluvias se refiere, siendo una de las peores situaciones pluviométricas desde el año 1905 y encadenado 29 meses sin precipitaciones.

Según el director de la Agencia Catalana del Agua, Samuel Reyes, se garantiza el abastecimiento de agua hasta verano de 2023, pero para los últimos cinco meses del año puede haber cortes en la ciudad de Barcelona y toda su área metropolitana. 

A raíz de las últimas declaraciones del director del ACA, el sector turístico y hotelero, uno de los más importantes de Barcelona el cual crea cerca de 115.000 puestos de trabajo anuales y representa el 14% del PIB de la ciudad, se muestra muy preocupado por las medidas que la ACA aplica y por cómo evoluciona la sequía, pensando en cómo afectara a los viajeros.

Los 9,7 millones de turistas que visitan la capital catalana anualmente pueden ver restringido, a partir de los meses de verano, el gasto de agua en los hoteles, apartamentos turísticos y hostales si las reservas siguen mermando. Esto haría que no se pudieran realizar un gasto de agua habitual en las vacaciones, limitando las duchas o las veces que utilizan el aseo y pudiendo afectar negativamente al número de reservas, con el consecuente impacto negativo en la economía local. 

Las instalaciones acuáticas, como piscinas o balnearios, son otras de las instalaciones que pueden ver limitada su operativa puesto que, si no se han llenado en las últimas semanas, no podrán abrir sus instalaciones.

A pesar de los datos negativos acumulados desde hace aproximadamente un año, la Agencia Catalana del Agua no ha desarrollado ningún plan extraordinario para prevenir las consecuencias de la sequía entre la población y diversos sectores económicos, como el uso y la producción de más agua regenerada en la capital catalana y alrededores. Se ha optado por incrementar la obtención de agua a través de las diversas desalinizadoras del área metropolitana, en lugar de optar por el agua regenerada, como varios expertos han aconsejado en las últimas semanas. 

La entrada de Barcelona en este escenario implica la reducción del consumo de agua en algunos de los usos, como es el caso del industrial, donde la cantidad de agua a poder utilizar se reduce un 20%. Por otro lado, el consumo en usos lúdicos el porcentaje disminuye en un 10% y en un 20% en usos recreativos que impliquen el riego. 

Estas medidas llegan tarde y mal, según varios expertos. Es la opinión del presidente de la Asociación Española de Reutilización Sostenible del Agua (Asersa) y catedrático de Ingeniería Ambiental en la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), Rafael Mujeriego, que ha criticado que el Plan de Sequía de la ACA esté mal planteada desde hace una década. Mujeriego ha reprochado que la administración haya seguido la normativa vigente, sin prever que ésta ya estaba “desactualizada”. 

La última sequía importante en Cataluña tuvo lugar entre 2007 y 2009, en ese momento las reservas de los depósitos cayeron hasta el 20%, una cifra que está cada vez más cercana, ya que en la actualidad los embalses catalanes están por debajo del 28% de su capacidad. Los pronósticos del servicio de meteorología catalán no son alentadores, ya que no esperan lluvias contundentes en las próximas semanas.

En caso de un empeoramiento de esta situación, la ACA podría declarar la fase de emergencia, la más extrema de todas. Este escenario prevé un encarecimiento del precio de cada metro cúbico de agua se consuma de más, hasta alcanzar los 0,60 euros, estableciendo una dotación máxima de 200 litros por habitante y día, que puede bajar hasta los 160 en caso de emergencia extrema.

La agricultura será el sector más afectado con este escenario, puesto que se suprimirá el riego agrícola y solo estarán autorizados a mantener en supervivencia los cultivos leñosos. Los usuarios industriales verían una reducción del 25% de los consumos de agua.