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España

Tania Sánchez, imputada por delitos contra la administración pública, malversación y tráfico de influencias

Hace dos meses, el mismo juez acordó incoar diligencias previas para investigar los hechos denunciados en la querella por delitos contra la administración pública, malversación y tráfico de influencias

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El Juzgado de Instrucción número 6 de Arganda del Rey ha citado a declarar en calidad de imputada a la exdiputada de IU y promotora de Convocatoria por Madrid, Tania Sánchez, por delitos contra la administración pública, malversación y tráfico de influencias.

   Así consta en una providencia, fechada el pasado 27 de mayo, a la que ha tenido acceso Europa Press, relativa a la querella del Partido Popular contra la excandidata de IU a la Comunidad de Madrid y contra el alcalde de Rivas, Pedro Del Cura, entre otros.

   Hace dos meses, el mismo juez acordó incoar diligencias previas para investigar los hechos denunciados en la querella por delitos contra la administración pública, malversación y tráfico de influencias.

   De este modo, ahora la jueza cita a declarar en calidad de imputados a Tania Sánchez, así como a su hermano, Héctor Sánchez Melero, y a su padre, Raúl Sánchez Herranz, para el día 23 de junio a las 10, 10.30 y 11 horas.

   Por su parte, el alcalde en funciones de Rivas, Pedro del Cura, así como dos funcionarias municipales Yolanda Pérez y María Abril Barceló, tendrán que acudir un día antes, 22 de junio, a las 10, a las 10.30 y a las 11 horas, respectivamente.

   La querella fue presentada por el Partido Popular ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), pero éste se declaró incompetente ante la pérdida de aforamiento de Tania Sánchez tras dejar su acta como diputada en la Asamblea de Madrid, coincidiendo con su salida del partido.

HECHOS DE LA QUERELLA DEL PP

   La denuncia también se dirigía contra su padre y actual concejal de Deportes de Rivas Vaciamadrid, Raúl Sánchez, y el actual alcalde y exconcejal de Infancia y Juventud, Pedro del Cura, entre otros.

   Se les acusa a todos de participar en el diseño de un "entramado criminal continuado en el tiempo" para "beneficiar a amigos y familiares".

   Según la querella, dicha "trama" se encargó de que tuviese lugar una "adjudicación sistemática de contratos públicos" a favor de Aúpa, la cooperativa en la que "participaban o tenían intereses de diversa clase los querellados", siendo administrador único de la misma Héctor Sánchez.

   Por eso, entre los querellados se encuentran el propio Héctor Sánchez y las dos funcionarias municipales que en su día pertenecieron a Aúpa --fueron fundadoras-- Yolanda Pérez y María Abril Barceló.

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