La Dirección General de Museos ha comunicado al instructor del caso, Óscar Pérez, que la remodelación del Museo de Málaga, la saturación de los museos de Andalucía y el volumen de las obras intervenidas impiden que la Consejería de Cultura pueda asumir el depósito judicial de las mismas, tal y como había resuelto el juez.
En el escrito, remitido también a la Consejería de Justicia y al que ha tenido acceso Efe, el director general de Museos destaca la necesidad de contar con un espacio de almacenaje de carácter museográfico para depositar las obras, en el que se cumplan unos mínimos estándares de conservación y seguridad.
Resalta además que dicho lugar deberá poseer unas dimensiones que permitan el despliegue de las obras con objeto de garantizar las labores periciales de las mismas una vez que lo requiera el Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella, por lo que la Consejería de Cultura ofrece su asesoramiento para la elección de este espacio.
El director general de Museos señala en su escrito que un equipo de trabajo de este departamento procedió a elaborar un primer inventario identificativo y fotográfico de las 1.217 obras de arte intervenidas en noviembre de 2008.
Recuerda también que la Consejería de Cultura almacena en el Museo de Málaga las 425 obras intervenidas en la primera fase de la ‘Operación Malaya’ y ha llevado a cabo labores periciales para, entre otras cuestiones, la identificación, constatación de autenticidad y valoración artística y económica de las mismas.
"Todas estas actuaciones han significado un importante esfuerzo presupuestario y de personal", subraya el responsable de la Dirección General de Museos.
Las intervenciones policiales
La Policía intervino en noviembre de 2008 más de 1.200 obras de arte en los registros practicados en unos locales del complejo Parque Joyero de Córdoba y en unas oficinas de Marbella, una actuación enmarcada en una pieza separada del ‘caso Malaya’ en la que se investiga un posible alzamiento de bienes.
El juez mantiene que existen "claros indicios" de que el empresario Carlos Sánchez, procesado en el caso, trasladó los cuadros hallados en los locales de Córdoba, propiedad el empresario Rafael Gómez -también imputado en esta causa-, con objeto de una posible venta.
En el registro practicado en el Parque Joyero de Córdoba se intervinieron aproximadamente 410 obras de arte atribuidas a Sorolla, Tapies, Dalí, Miró, Ismael Gómez de la Serna, Benjamín Palencia y Joaquín Torres García, entre otros artistas de renombre.
En Marbella, la Policía localizó alrededor de doscientos cuadros, trescientas litografías y siete esculturas de bronce de grandes dimensiones, así como una colección de figuras de arte africano, entre otros efectos pendientes de peritaje y catalogación.
En el marco de esta actuación también se registró y embargó de forma preventiva una finca ubicada en Agrón, en la comarca de Alhama de Granada, valorada, según la Policía, en más de quince millones de euros y en la que se encontraron también numerosos cuadros.
El juez instructor del proceso acordó entonces el nombramiento como depositario de las obras de arte u objetos de valor históricos intervenidos a la Consejería de Cultura, a la que ha instado en dos ocasiones en los últimos meses a trasladar las mismas y comunicar "a la mayor brevedad posible" su ubicación.