La tasa de paro entre las personas con discapacidad ha aumentado un 35 % durante la crisis frente al 26 % en la población general, y el incumplimiento de las empresas de la cuota de reserva de puestos para este colectivo, que es del 2 %, ha pasado del 75,7 % al 81,1.
Son conclusiones del Atlas Laboral de las Personas con Discapacidad 2016, elaborado por el grupo SIFU (centro especial de inserción socio-laboral de personas con discapacidad) en colaboración con la Universidad de Sevilla, y que se ha presentado hoy con motivo del Día Mundial de las Personas con Discapacidad, que se celebra el 3 de diciembre.
En 2013 solo una de cada cuatro personas con discapacidad (el 24,3 %) tenía trabajo en nuestro país y únicamente el 18,9 % de los asalariados que trabajaban en empresas públicas o privadas de más de 50 trabajadores cumplían con la cuota de reserva mínima, mientras que en 2008 dicho porcentaje era del 24,2 %.
El vicepresidente de SIFU, Cristian Rovira, ha pedido a la Administración una nueva estrategia global de acción para el empleo de las personas con discapacidad con un Plan de Acción que haga cumplir la ley, y en la que se definan objetivos de crecimiento laboral "realistas".
El perfil del trabajador con discapacidad es un hombre de entre 25 y 44 años, con un grado bajo de discapacidad de tipo físico o sensorial y un nivel de formación medio-alto.
El estudio ha señalado que existe discriminación por edad y género por parte de las empresas, ya que contratan mayoritariamente a personas adultas (el 94,2 % de las contrataciones en 2014 se realizaron a mayores de 25 años) y hombres con discapacidad, respecto a los más jóvenes y mujeres.
En cuanto a la cualificación de los empleos de este colectivo, la mayoría es baja, debido a las propias limitaciones derivadas de la discapacidad, y las jornadas suelen ser a tiempo parcial.
Por sectores de actividad, en 2013 la población con discapacidad ocupada en el sector servicios (personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos y peones de industrias manufactureras) suponía el 81 %, mientras que el resto se repartía entre el sector industrial (13,6 %), la construcción (2,9 %) y el agrícola (2,5 %).
Asturias, Murcia y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla presentaban las mayores tasas de prevalencia de discapacidad entre la población activa en 2013, mientras que las menores se producían en las comunidades de Madrid, Navarra y Baleares.
En 2014, Asturias y Cantabria presentaron los mayores porcentajes de contratos a este colectivo, frente a Navarra, con el menor de España (un 0,9 %).
La adaptación al puesto de trabajo es la principal barrera para que una empresa contrate a una persona discapacitada, seguida por la falta de cualificación.
