La Sala del Tribunal Supremo que juzgará el 'procés' independentista en Cataluña no descarta admitir como testigos en la vista que se iniciará en las próximas semanas al expresidente de Gobierno Mariano Rajoy y a otros miembros de dicho Ejecutivo, como el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro o la exvicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría. Lo hará probablemente si así lo piden las defensas, en aras a garantizar la objetividad y por creerlo necesario para acreditar el relato de lo sucedido en las jornadas que rodearon los hechos que Fiscalía califica de rebelión.

Así lo han señalado fuentes jurídicas, que explican que esta posibilidad será deliberada previsiblemente por los siete magistrados que conforman el tribunal de ser planteada por las defensas, lo que parece bastante probable.

El mismo planteamiento se extiende a la práctica totalidad de testigos que soliciten los abogados defensores en la causa en los próximos días en su escrito de calificación provisional.

Se trataría, por un lado, de garantizar al máximo el ejercido de la defensa por parte de los abogados de los doce exdirigentes catalanes que se sentarán en el banquillo (de cara a evitar posibles motivos de impugnación ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos).

Por el otro, de acreditar mediante prueba de contradicción algunos extremos que aparecen los escritos de las acusaciones, como el hecho de que Rajoy preguntara por escrito al expresident Carles Puigdemont si había declarado la independencia y el sentido de la respuesta.

CENTENARES DE TESTIGOS

Se espera que entre todas las partes personadas se solicite la presencia en el juicio de centenares de testigos, y la previsión del tribunal sería en principio la de aceptar que comparezcan, si bien es cierto que a lo largo de las sesiones se acabará renunciando a muchos de ellos por parte de las propias defensas por considerar que su testimonio resulta reiterativo e innecesario.

Sobre la presencia de los acusados en la vista, que se prevé pueda extenderse varios meses, las mismas fuentes señalan que lo previsible es que tengan que estar presentes, con independencia de que se pueda dar licencia para no acudir de forma puntual a alguno de ellos.

En cuanto a los traslados de los nueve presos de las cárceles catalanas a Madrid, la cuestión no depende del tribunal, que sólo exige que los doce acusados se encuentren a su disposición, sino de las decisiones que adopte el Ministerio del Interior para asegurarlo.

PREVISIONES DE LESMES

Por otra parte, y en conversación informal con periodistas al término del acto formal de entrega de despachos a los nuevos jueces, celebrado este año en la sede de la Real Academia Española en Madrid, el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes ha señalado que en principio se mantiene el horario previsto para el desarrollo del juicio.

Comenzará a finales de este mes o principios de febrero en sesiones de martes a jueves de mañana y tarde, aunque se podría ampliar a algún día más a la semana en función de cómo se vaya cumpliendo el calendario y según fuentes del alto tribunal lo deseable es que la sentencia se conociera antes del verano.

No obstante el juicio no arrancará con el esperado interrogatorio al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y el resto de acusados, sino con cuestiones previas para dirimir alegaciones de las defensas sobre cumplimiento de derechos fundamentales que previsiblemente se extenderán durante varios días, según Lesmes.

Sobre la asistencia de la practica totalidad de los testigos que se propongan, el presidente del Supremo ha explicado que la decisión depende del tribunal, si bien es probable que se acepten en su práctica mayoría de forma "generosa" con el fin de dotar al procedimiento de la máxima objetividad y garantías, y siempre que su comparecencia tenga enganche con la causa.

Lesmes también ha recordado, a preguntas de los periodistas, que los acusados declararon en castellano durante toda la instrucción a propia iniciativa, aunque si solicitan ahora hacerlo en catalán esta cuestión deberá ser estudirada y resuelta igualmente por el tribunal enjuiciador. Ha reconocido que ello puede ralentizar las sesiones, pero no supondrá ningún problema.