Las listas de espera de la dependencia se redujeron en 2018 en 60.000 personas, aunque murieron 30.400 dependientes esperando a recibir los servicios que les habían sido reconocidos por ley, 80 personas cada día, según el último informe del Observatorio de la Dependencia.

Siguen esperando 250.037 personas para recibir prestación o servicios a los que tienen derecho, de las que el 60 por ciento viven en Cataluña y Andalucía.

El 3 por ciento de la población -1,3 millones de personas- tiene reconocida su situación de dependencia al finalizar 2018 (39.000 más que el año anterior), de los que reciben algún tipo de atención algo más de un millón (100.000 más que en 2017), mientras que otros 128.568 esperan su valoración.

El informe, realizado por la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, destaca la reactivación del Sistema de la Dependencia (SAAD), pero advierte de que la reducción de la lista de espera se ha hecho en gran medida a costa de atender a los dependientes moderados con servicios "de bajo coste".

La asociación muestra su preocupación por el hecho de que cuatro de cada diez personas que esperan son dependientes severos (Grado II) o grandes dependientes (Grado III) -98.236 personas-, los que más necesidades de atención tienen y con mayor coste.

"No se puede tolerar el dato escalofriante de que 80 personas mueren cada día sin recibir los servicios; no mueren por falta de aplicación de la ley, pero sí con una vulnerabilidad mayor y con una falta de dignidad y de calidad de vida en su etapa final", ha denunciado el responsable de la asociación, José Manuel Ramírez, durante la presentación del informe.

De todas las personas con dependencia reconocida, dos tercios son mujeres (65 %) y un tercio (35 %) son hombres; el 72,5 % de los dependientes reconocidos tiene más de 65 años y los mayores de 80 son el 54,5 % del total.

Por regiones, el informe destaca que la atención es plena en Castilla y León, Ceuta y Melilla y que han progresado positivamente en los dos últimos años, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid y Murcia.

Hay comunidades en las que se aprecia "cierto estancamiento", como Asturias, Canarias, Cantabria y País Vasco y señala que las comunidades "en situación preocupante" son Andalucía, Cataluña y La Rioja.

Las diferencias entre comunidades siguen siendo muy elevadas tanto en relación con el acceso, que en el caso de Castilla y León supone en 13,6 % mientras que en Canarias es del 5,4 %, como en el coste medio por dependiente atendido, que oscila entre los 5.160 euros año en Murcia y los 7.697 euros de Cantabria.

El observatorio analiza que si se hubiera aplicado el proyecto de presupuestos para 2019, con una partida de 415 millones de euros, hubiera permitido atender a casi 70.000 personas más y se habrían generado 16.000 nuevos empleos directos.

"La dependencia es la mejor inversión, no hay otro sector productivo que genere tanto empleo estable y tanto retorno económico", ha explicado Ramírez, quien ha detallado que "solo en este año se han generado 29.000 puestos de trabajo, sin haber realizado el incremento presupuestario que debería haberse hecho".

Del gasto público directo en dependencia en 2018, la Administración General del Estado soportó el 20 % y las comunidades autónomas el 80% restante, lejos de lo que marcó la ley de dependencia que era del 50 por ciento cada administración.

El responsable económico, Luis Barriga, ha señalado que tras el decreto de 2012, el recorte acumulado de la Administración General del Estado asciende a 5.406 millones de euros considerando la supresión del nivel acordado, la reducción del nivel mínimo y la supresión de las cotizaciones de cuidadoras familiares.

"Esos recortes han dejado en manos de los gobiernos regionales y del copago la aplicación de la dependencia", ha opinado.

La asociación de gerentes de los servicios públicos ha pedido al Gobierno que apruebe mañana en el Consejo de Ministros el acuerdo para que recuperen las cotizaciones a la Seguridad Social 180.000 cuidadores familiares.

"Había consenso parlamentario para revertir los recortes de 2012, no entendemos cómo no se ha aprovechado esta etapa parlamentaria", ha concluido Barriga.