La Fiscalía de Tribunal Supremo ha pedido al juez instructor de la causa del 'procés' independentista en Cataluña, Pablo Llarena, que mantenga las órdenes nacionales e internacionales de detención y la declaración de rebeldía del expresidente catalán Carles Puigdemont y el exconsejero Toni Comín, ambos huidos en Bélgica, y que se dirija al Parlamento Europeo para solicitar que se suspenda su inmunidad.
Ambas peticiones se realizan, según detalla el Ministerio Público en un documento de 10 páginas remitido este lunes a juez, de acuerdo con la interpretación de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que la semana pasada reconoció la inmunidad como electo a la Eucámara del que fuera vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, que a diferencia de Puigdemont y Comín sí ha podido ser juzgado y condenado en firme a 13 años de cárcel e inhabilitación por un delito de sedición en concurso con malversación.
En relación con las órdenes de detención, el escrito firmado por los cuatro fiscales del caso --Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y Fidel Cadena--, señala que tanto éstas como la declaración de rebeldía que ahora mismo pesan sobre los dirigentes catalanes huidos sólo podrán dejarse sin efecto "cuando comparezcan voluntariamente o sean entregados para responder de los cargos que se les atribuyen".
Estas medidas cautelares impuestas sobre Puigdemont y Comín, añade la Fiscalía en su escrito, deben comunicarse por Llarena al Parlamento Europeo "a la mayor brevedad posible" con el fin de "savaguardar los fines del proceso penal" que se mantiene contra ambos por presuntos delitos de sedición y malversación.
Al mismo tiempo, el Ministerio Público también reclama a Llarena que comunique de forma inmediata a las autoridades judiciales belgas todo este procedimiento para que la justicia de aquel país deje en suspenso la resolución de la entrega a España los dos exdirigentes catalanes mientras la Eurocámara decida sobre la inmunidad de ambos.
A lo largo de su escrito, la Fiscalía recuerda que tanto Puigdemont como Comín fueron procesados el 21 de marzo de 2018, cuando permanecían ya huidos en Bélgica y que tras presentarse a las últimas elecciones al Parlamento Europeo obtuvieron acta de diputados. El mismo día que se dictó la sentencia, el pasado 14 de octubre, el juez Llarena reactivó las órdenes de detención europea e internacional que pesaban sobre ambos.
REQUISITOS PARA PROCESAR
Tras recordar toda la legislación vigente aplicable a este caso, la Fiscalía recuerda que la propia Sala que juzgó a Junqueras y a otros once exdirigentes independentistas estableció, con ocasión del caso del primero, que el suplicatorio --esto es, el permiso que debe pedirse a un parlamento para involucrar a un diputado en un procesopenal-- carece de "justificación constitucional" en un caso como el del expresident de la Generalitat, cuando el asunto ya se encuentra instruido y en los aledaños del juicio oral.
Añade que la inmunidad parlamentaria ha de entenderse para garantizar el buen funcionamiento de la institución y la independencia de sus miembros, pero en ningún caso como un "privilegio personal del diputado".
En cuanto a la interpretación que debe hacerse de la reciente sentencia del TJUE sobre Puigdemont y Comín, el escrito de la Fiscalía recuerda que ambos se presentaron a las elecciones al Parlamento Europeo y resultaron elegidos cuando ya habían sido procesados y declarados en situación de rebeldía --huidos de la justicia-- "por lo que eran plenamente conscientes de las limitaciones que comportaba su situación procesal en el efectivo ejercicio de sus derechos políticos".
PUIGDEMONT BUSCA UN "PARAGUAS" PARA ELUDIR EL JUICIO
De ello deduce la Fiscalía que su intención desde el principio, al presentarse, era la de "acogerse al paraguas de la inmunidad que, a su juicio, le concedía la elección como europarlamentarios con el propósito de obtener la libertad y eludir el proceso penal por este cauce".
En este contexto, y dada la gravedad de los delitos que se imputan tanto a Puigdemont como a Comín y su situación de huidos de la justicia española, la Fiscalía considera que se justifica el mantenimiento de las órdenes de prisión y detención que el juez Llarena dictó contra ellos, particularmente las órdenes europeas (OED).
