Las ocupaciones de viviendas crecieron un 5 por ciento en el primer semestre del año a pesar de los tres meses de confinamiento por la pandemia del coronavirus, sobre todo por los aumentos registrados en cinco autonomías: Canarias, Cataluña, Comunidad Valencia, Galicia y Murcia. Así se desprende de la respuesta del Gobierno a los diputados del PP Ana Belén Vázquez, Carlos Rojas e Isabel María Borrego, que se interesaron por los hechos conocidos de ocupación ilegal, es decir, solo los denunciados, que se cifraron en 7.450 entre enero y junio de este año frente a los 7.093 del mismo periodo de 2019. La respuesta, a la que ha tenido acceso Efe, también ofrece datos de todo 2018 y 2019, en los que se observa un incremento del 19,7 por ciento, al pasar de 12.214 en el primer ejercicio citado a 14.621 el año pasado.
Ya en este año, y con datos del primer semestre, se observa una ralentización en las ocupaciones, pero siguieron subiendo a pesar de las restricciones a la movilidad que se impusieron durante el estado de alarma en toda España desde mediados de marzo hasta casi finales de junio, cuando comenzó la desescalada. Cinco comunidades autónomas registraron subidas en este primer semestre, con Galicia a la cabeza en los incrementos porcentuales, con un alza del 33,9 por ciento, por delante de Murcia (19,7 %), Canarias (14,7 %), Comunidad Valenciana (14,1 %) y Cataluña (13,2 %). También se coloca en la lista de subidas la ciudad autónoma de Ceuta, que triplicó las ocupaciones de casas al pasar de 4 entre enero y junio de 2019 a 12 en el primer semestre de este ejercicio. En el resto de las autonomías y en Melilla, esta actuación ilegal se redujo, incluida la Comunidad de Madrid, con un descenso del 9,5 por ciento. En términos absolutos fue Cataluña la que concentró el mayor número con 3.611, lo que representa más de la mitad de la cifra total nacional.
De ellas, 2.644 se produjeron en la provincia de Barcelona (unas 200 más que un año antes). Andalucía, con 1.183; Madrid, con 657; y Comunidad Valenciana, con 566, son las siguientes en la cabeza de la lista de más ocupaciones.
Por este problema, la Fiscalía General dictó a mediados del mes pasado una instrucción para agilizar los desalojos de los okupas en los casos de allanamiento y usurpación. Una instrucción que aclaraba que el allanamiento se produce respecto a la casa y la segunda residencia por ser lugares donde su propietario desarrolla su vida privada e intimidad, en tanto que la usurpación se refiere a inmuebles y viviendas que no constituyen la morada de nadie, es decir deshabitadas y vacías. También el Ministerio del Interior ha tomado cartas en el asunto y ha publicado una instrucción para mejorar los protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad en casos de desalojos inmediatos ante ocupaciones flagrantes y de desalojos cautelares en el resto de usurpaciones de viviendas.
La respuesta del Gobierno también facilita datos del Ministerio de Justicia, proporcionados por el Consejo General del Poder Judicial, del número de juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas durante 2019 y primer trimestre de 2020. Así, el año pasado ingresaron 4.017 asuntos de este tipo, se resolvieron 2.962 y en trámite había 2.157.
Mientras, en el primer trimestre de este años los asuntos ingresados alcanzaron los 792, los resueltos los 717 y los aún en trámite los 2.216.
