El grupo del PP en la Diputación de Málaga pedirá a la Junta de Andalucía que ponga el parque de vivienda social y de promoción pública andaluz disponible a disposición de las familias desahuciadas, contribuyendo así al realojo e integración social de las mismas.
Asimismo, a través de una moción que elevará al próximo pleno del ente supramunicipal, los populares proponen al Ejecutivo andaluz que reoriente la actividad de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) para dar respuesta a los andaluces afectados por proceso de desahucio como consecuencia de la crisis.
El portavoz del equipo de Gobierno del PP en la Diputación, Francisco Salado, insiste en que la gravedad de la situación “requiere de la actuación de todos los poderes públicos, en el ámbito de las competencias de cada uno, ya que son más necesarias que nunca la acción y coordinación de todas las administraciones y de los agentes económicos y sociales, para que las personas afectadas por procesos de desahucio, consecuencia de las ejecuciones hipotecarias, obtengan una respuesta de amparo inmediato”.
El documento recuerda las cerca de 73.000 ejecuciones hipotecarias que se han llevado a cabo en Andalucía desde 2008, así como el Real Decreto-ley de medidas urgentes aprobado el pasado 15 de noviembre por el Consejo de Ministros con el fin de hacer frente a las situaciones de mayor urgencia provocadas por el drama social de los desahucios.
Por ello, Salado subraya que las actuaciones tienen que transcurrir por el camino de la seriedad y la responsabilidad entre todas las administraciones, “lejos de la demagogia y el enfrentamiento, pues está en juego el bienestar y la estabilidad de muchísimas familias andaluzas y malagueñas”.
Desde el PP instan a la Junta a que acuerde la necesidad de dar una respuesta al drama social de los desahucios de vivienda habitual, desde la actuación coordinada de las distintas instituciones y el pacto entre todas las fuerzas políticas, para, “a través del diálogo y el acuerdo, ofrecer soluciones a los afectados que involucren en las mismas a los agentes económicos y sociales”.
De esta forma, los populares proponen que se apruebe un proyecto de Ley de modificación de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía, para contemplar así medidas y reformas legales que ofrezcan soluciones en materia de vivienda a los colectivos más vulnerables y, especialmente, a los afectados por procesos de ejecución hipotecaria.
Es más, Salado insta al Gobierno andaluz a que establezca una línea de ayudas financieras (préstamo-aval) para estas familias e incluso haga de interlocutor en la negociación con las entidades financieras para el mantenimiento de dichas viviendas, a fin de que haya un acuerdo satisfactorio en el proceso para ambas partes.
