Sin terminar, la que tendría que haber sido la Escuela de Seguridad Municipal de Estepona, ESME, nunca abrió sus puertas. Ahora este edificio de 1.200 metros cuadrados en dos plantas tendrá un nuevo destino, ya que el Consistorio ha sacado a concurso la explotación, en régimen de concesión demanial de un bien de dominio público, para un centro docente privado. Como requisito: culminar las obras de reforma del edificio, -valorado en 922.090 euros-, por una suma que asciende a 169.340 euros, según un informe elaborado por un técnico municipal. El adjudicatario dispondrá de un plazo máximo de tres meses desde la firma del contrato para acometer los trabajos.
La concesión se ha previsto, según el pliego, durante 25 años.Lo que llama la atención es que no se ha estipulado un canon anual al uso por la explotación de estas instalaciones, como suele ser habitual. El Consistorio, que salía al paso tras las notas de prensa emitidas por la Plataforma Vecinal e Izquierda, defiende que se pone así en valor el inmueble, sin terminar desde 2008, y se sigue impulsando la creación de empleo en la localidad. Arremeten además contra los anteriores responsables, ya que el edificio nunca llegó a abrir sus puertas porque no se terminó a raíz de una deuda con la empresa que lo acometió, Trigemer. "No caben críticas al impulso de este proyecto, que reactiva el patrimonio municipal y fomenta la creación de empleo, por quienes han mantenido abandonado y sin terminar el edificio", dicen.
Poco publicitado
Una decisión del equipo de Gobierno popular que pillaba por sorpresa a todos, entre ellos, la Plataforma Vecinal de Estepona quien se enteraba de los planes de los populares a través del Boletín Oficial de la Provincia. Así, el pasado viernes presentaban una serie de alegaciones donde critican esta actitud de “oscurantismo” y la falta de acceso a la documentación, ya que ni tan siquiera está disponible en la web municipal.
Además, lamentan que una nueva instalación municipal se ponga en manos privadas. Así, apuestan por reconvertir el viejo edificio en un comedor municipal para menores, dada la situación que atraviesan muchas familias que afecta especialmente a los más pequeños.
565 euros al mes
Quien también reivindica que el espacio siga siendo público es Izquierda Unica que considera que la decisión deja “en pelotas” a Estepona al enajenar patrimonio municipal “a precio de saldo”. Y es que, según las cuentas de la formación, el único desembolso que deberá hacer la adjudicataria, a 25 años, supondría un pago de 565 euros al mes. Para el coordinador local, Antonio Murcia, se trata de “una golfada en toda regla, entregándo un edificio público a manos privadas, a círculos empresariales cercanos”, anticipa.
