La Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM), tras la denuncia de un grupo de profesionales asociados, advierte de que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) está incumpliendo la legislación en el diagnóstico del ictus.
La sociedad científica ha tenido conocimiento de que en varios centros asistenciales (CHARE) que dependen del Área Asistencial de Granada (concretamente los de Alcalá la Real, Loja, Guadix y Alcaudete) se está manejando el equipamiento radiológico (TC) sin cumplir el Real Decreto 601/2019, al ser facultativos no radiólogos los que indican las pruebas radiológicas para el diagnóstico del ictus, las programan, supervisan e informan.
El manejo de las técnicas neurorradiológicas que, como indica la normativa, debe ser realizado por radiólogos, ha sido sustituido en estos casos por un sistema de inteligencia artificial que da asistencia a los neurólogos y que se aplica sobre las imágenes radiológicas obtenidas en la Tomografía Computarizada (TC).
La SERAM advierte de que esto “supone una pérdida de calidad y seguridad que repercute directamente en la ciudadanía” así como “una agresión directa a la profesión del radiólogo, un incumplimiento de la legalidad y, por lo tanto, algo que la SERAM está obligada a denunciar para evitar que suceda”.
Por ello, la Junta Directiva de la SERAM ha solicitado aclaraciones en una carta enviada al Consejero de Sanitad y Familias de la Junta de Andalucía, D. Jesús Aguirre Muñoz, aún sin respuesta.
En ella exigen que cualquier herramienta de ayuda al diagnóstico al ictus que se utilice esté integrada en los servicios de radiología y que sus resultados sean validados por un informe radiológico. Lo contrario, defienden desde la sociedad científica, supone “un riesgo evidente y una amenaza al sistema sanitario, que puede desestabilizarse al aparecer un claro conflicto de funciones y competencias”:
"Nos ponemos en contacto con usted, desde la Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM) con el fin de aclarar una serie de reclamaciones que un grupo de radiólogos, socios de la SERAM, hacen referente al funcionamiento de unos circuitos asistenciales en el Sistema Público Andaluz de Salud.
Sabemos, en la SERAM, que el manejo de patologías como el Ataque Cerebro Vascular (ACV) es complejo y planes como el “Plan andaluz de atención al Ictus” son ambiciosos, necesarios y complejos de implementar. En este contexto, es fundamental contar con todos los profesionales implicados, dotar de medios adecuados y monitorizar los procesos para asegurar la mejor atención a la ciudadanía. Así, la renovación del parque tecnológico andaluz o el diseño de un excelente proceso, nos parecen iniciativas que, desde una sociedad científica, no podemos más que apoyar.
Sin embargo, como sucede en todos los sistemas complejos, hemos detectado unos problemas que, aunque son puntuales, son importantes y que queremos comunicar a la Consejería de Sanidad de la Comunidad Andaluza. Y se trata del desarrollo del proceso en determinados centros asistenciales (CHARE) que dependen del Área Asistencial de Granada (tenemos constancia de los centros de Alcalá la Real, Loja, Guadix y Alcaudete). Nos consta que en estos centros se está manejando el equipamiento radiológico (TC) sin cumplir la legislación vigente.
Como sabrá, el Real Decreto 601/2019 especifica, de forma taxativa, los profesionales que pueden (y deben) controlar el proceso de imagen en los casos que impliquen radiaciones ionizantes. Según nos comunican nuestros asociados, en estos centros no se cumple la legislación, ya que es un facultativo no radiólogo el que indica la prueba, la programa, supervisa e informa. Esto es una irregularidad similar a que en estos centros un radiólogo realizara intervenciones quirúrgicas de apendicitis o administrara un tratamiento oncológico.
Pero, además de que se incumple la ley, supone una pérdida de calidad y seguridad que repercute directamente en la ciudadanía que depende de la sanidad que usted dirige. El diagnóstico de las técnicas neurorradiológicas es complejo y sustituirlo por un sistema de inteligencia artificial que da asistencia a un neurólogo supone un riesgo evidente y una amenaza al sistema sanitario, que puede desestabilizarse al aparecer un claro conflicto de funciones y competencias.
Creemos que este tema es importante, supone (en caso de que sea cierto) una agresión directa a la profesión del radiólogo, un incumplimiento de la legalidad y, por lo tanto, algo que la SERAM está obligada a denunciar para evitar que suceda. Es nuestra opinión por tanto que:
1. Cualquier herramienta de ayuda al diagnóstico del ictus que se utilice debe estar disponible en los servicios de radiología y estar integrado en los PACS de los hospitales.
2. Los resultados obtenidos con estas herramientas deben validarse a través de un informe radiológico.
Por estos motivos, le agradeceríamos que pudiéramos aclarar este tema lo antes posible, ya sea con una reunión directa con usted o con quien considere adecuado. Desde la SERAM buscamos colaborar y aportar el asesoramiento que pueda ayudar a gestionar estos procesos complejos, y creemos que este tema se puede solucionar con facilidad, ya que existe voluntad por parte de los radiólogos. Estamos convencidos de que el espíritu de la Consejería que usted dirige es el mismo".
