Empadronar a las personas que residen en los asentamientos de inmigrantes de Huelva se ve dificultado por el desconocimiento, el miedo o la falta de voluntad política, cuestiones que desde el movimiento ciudadano se tratan de paliar con 'oficinas ciudadanas' efímeras para informar y ayudar.
La primera de ellas se llevó a cabo hace unos días en el asentamiento de Las Madres, en el término municipal de Moguer, donde durante dos horas representantes de distintas asociaciones y colectivos atendieron, asesoraron y facilitaron la cumplimentación de solicitudes de empadronamiento a todas las personas migrantes que lo desearon.
Fueron 15, un número que, como ha explicado a EFE, Carmen Vázquez, de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) en Huelva, "parece pequeño pero es bastante" teniendo en cuenta "el tiempo que estuvimos y que es la primera vez que se hace algo así; sirvió para que la gente se diera cuenta de la importancia de empadronarse, pues es la puerta principal para acceder a los servicios municipales".
La normativa recoge, inicialmente desde 2015 y ratificado en 2020, que "el Padrón debe reflejar el domicilio donde realmente vive cada vecino del municipio y de la misma manera que la inscripción padronal es completamente independiente de las controversias jurídico-privadas sobre la titularidad de la vivienda, lo es también de las circunstancias físicas, higiénico-sanitarias o de otra índole que afecten al domicilio. En consecuencia, las infraviviendas (chabolas, caravanas, cuevas etc. e incluso ausencia total de techo pueden y deben figurar como domicilios válidos en el Padrón".
En Huelva, además, el Foro Provincial para la integración de las personas de origen migrante, presidido por la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, Bella Verano, aprobó en noviembre de 2021, un documento para la intervención en los asentamientos, que entre sus propuestas recogía que los ayuntamientos elaboraran un diagnóstico de la realidad de los mismos y garantizaran el empadronamiento a la población que vive en ellos.
Pese a esto, actualmente son miles de personas las que malviven en asentamientos en Huelva que no acceden a un trámite ante el cual la forma de actuar de los Ayuntamientos es diferente.
Los hay como el de Lepe, que desde aproximadamente 2020, coincidiendo con la pandemia accede, "no sin trabas", según Vázquez, a empadronar a estos inmigrantes; o como el de Lucena, cuyo alcalde, el independiente Manuel Mora, se opone a hacerlo y sostiene que en esa materia, en su municipio, "se cumple la legislación vigente", sin entrar en cuestiones, como que estas personas están ocupando ilegalmente un monte público, algo que "es un delito".
En el caso del Ayuntamiento de Moguer, se está a la espera de un informe de Asuntos Sociales para actuar en esta materia, si bien hasta el día de hoy "el empadronamiento se hace con los procedimientos que la propia Administración tiene, un procedimiento que conlleva comprobación, inspección y, por supuesto, conlleva también un control de veracidad y de Ordenación del Territorio", ha indicado el alcalde, Gustavo Cuéllar.
Ante esta realidad, a la que el Ayuntamiento de Palos de la Frontera tampoco es ajeno, ya que en él, según la portavoz de APDHA, "no se les atiende", queda "mucho trabajo por hacer" y es clave la labor informativa.
Reconoce que hay varias causas que juegan en contra de promover el empadronamiento: "el desconocimiento absoluto de la ley por parte del funcionariado; una falta de voluntad política por parte de los alcaldes, y la desinformación de los inmigrantes de los beneficios del procedimiento, se trata de algo muy particular que si no le ven el efecto práctico y a largo plazo para ellos no tiene sentido".
A todo esto se suma, el "rechazo sistemático" a empadronarlos que "hace que la gente se aburra y llegue a pensar que no hay nada que hacer y desista" y opten por otras vías como "comprar empadronamientos".
Por eso, desde las asociaciones y colectivos que trabajan por y para estos inmigrantes insisten en la importancia de llamar la atención de la sociedad sobre lo que consideran una vulneración de derechos a esta personas y recuerdan que "el impedimento al acceso al empadronamiento dificulta a la larga la regularización administrativa de las personas migrantes, quienes quedan sin acceso a una cobertura sanitaria completa o a determinadas ayudas como puede ser acceso a guarderías en el caso de madres con hijos mejores".
La idea de los colectivos, tras el montaje de esa primera 'oficina ciudadana' es, una vez verificada y debidamente organizada toda la documentación y pruebas, ayudarlos y acompañarlos a registrar las solicitudes en el Ayuntamiento de Moguer: "Hacemos como una asesoría, ellos han de tener claro porque es importante empadronarse".
Una vez evaluado el impacto que finalmente tenga esta iniciativa lo que pretenden es seguir montando esos puntos de información efímeros en otros asentamientos, para favorecer ese empadronamiento, que la gente entienda su necesidad y que sea un tema presente en la agenda de los municipios los albergan.
