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Huelva

El PSOE propone a sus alcaldes y portavoces retirar los fondos de bancos que ejecuten desahucios

Finalmente, ha alertado de que seguiendo la previsión de desahucios acontecida en la provincia en 2012, en 2013 tendrían lugar en la provincia unos 1.000 desahucios, y con el decreto del Ejecutivo "sólo se podrían evitar unos 50"

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El secretario de Política Municipal del PSOE de Huelva, Manuel Domínguez, ha anunciado este jueves algunas de las medidas que la formación propondrá a los alcaldes y portavoces en los distintos ayuntamientos de la provincia en materia de desahucios.
   En rueda de prensa, Domínguez ha señalado las medidas que quieren llevar a cabo en los consistorios onubenses para aportar soluciones "al drama" que padecen muchas familias y por ello, ha hecho hincapié en la importancia de que los alcaldes y portavoces en los Ayuntamientos sean "proactivos" ante esta problemática.
   En este sentido, ha enumerado las diversas iniciativas sobre los desahucios que quieren poner en marcha por parte de los ayuntamientos, como la retirada de fondos, depósitos y cualquier actividad que no requiera pago de penalizaciones, puesto que "afectaría a los vecinos", de las entidades bancarias que lleven a cabo desahucios en ese municipio.
   Asimismo, abogan desde el PSOE por la puesta en marcha de oficinas de asesoramiento para ciudadanos desahuciados o en riesgo de desahucio y desde las mismas se ofrecerán servicios jurídicos municipales y en caso de no existir se derivarán a los de la Diputación, y además se les asesorará sobre ayudas sociales y de herramientas de formación y búsqueda de empleo.
   Del mismo modo, ha pedido que las personas en situación de desahucio o en riesgo del mismo puedan beneficiarse asimismo de bonificaciones en los pagos de tasas municipales y por tanto, se contemplen pagos personalizados de impuestos.
   Otra de las medidas consiste en la creación de comisiones que estudien los casos y busquen alternativas, así como apuesta por negar la ayuda de la Policía Local en los desahucios y elaborar un registro de las familias de la localidad en riesgo de desahucio.
   Tras criticar las decisiones del Gobierno en este sentido, ya que el decreto ley Antidesahucios sólo retrasa dos años la ejecución hipotecaria y el que las familias se queden sin casa, ha incidido en que los alcaldes y portavoces tienen que tomar medidas para "estar cerca de los ciudadanos".
   Finalmente, ha alertado de que seguiendo la previsión de desahucios acontecida en la provincia en 2012, en 2013 tendrían lugar en la provincia unos 1.000 desahucios, y con el decreto del Ejecutivo "sólo se podrían evitar unos 50".

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