Este martes está previsto que el Juzgado de Instrucción número 4 de Huelva acoja la declaración de Casto Pino, exgerente y secretario del Colegio de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Huelva y concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Aljaraque entre 2003 y 2007 por el PP, en relación a un desfalco de más de un millón de euros en la citada institución.

Según han informado a Europa Press fuentes jurídicas en esta misma semana se van a tomar más testificales relacionados con este asunto, con el que también están relacionados su esposa y al asesor contable de dicho colegio.

Por estos hechos, estas personas fueron detenidas el pasado mes de mayo, y puestas en libertad a continuación, por los presuntos delitos de apropiación indebida, falsificación documental y blanqueo de capitales, contando con antecedentes penales Casto Pino y el asesor contable por delitos contra la Hacienda Pública. Todo ello tras el inicio de una investigación a raíz de una denuncia interpuesta por el propio colegio.

Las investigaciones se iniciaron nueve meses antes en los que los agentes han analizado la contabilidad de los diez últimos años del Colegio de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Huelva, hallando "evidencias de graves irregularidades con importantes disposiciones de dinero sin justificación documental, así como pago de facturas y transferencias a terceros ajenos a la actividad colegial".

Por ello, el pasado mes de mayo la Policía llevó a cabo tres registros. El primero de ellos en una finca en el termino municipal de Alonso, lugar al que se desplazó el juez de instrucción en un helicóptero de la Policía Nacional, en unión del secretario judicial y responsables policiales, con el fin de realizar una inspección ocular tanto de la finca como de la vivienda, según informó en aquellas fechas la Subdelegación del Gobierno.

Posteriormente se realizaron registros en su domicilio de la Dehesa Golf de Aljaraque y en un apartamento de la localidad de Punta Umbría en los que se intervinieron "gran cantidad de documentación, material informático, así como bienes que habían sido abonados a cargo del Colegio profesional".

OTRO CASO MÁS
Pero éste no es el único caso judicial en el que está implicado Casto Pino, ya que la Fiscalía de Huelva ha solicitado para él ocho años y medio de prisión por los delitos de cohecho, contra la Hacienda Pública y de blanqueo de capitales, y su inhabilitación especial para empleo o cargo público durante cuatro años, además de una multa de 1,4 millones de euros.

Todo ello, a raíz de una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción en Madrid presentada en enero de 2007 por un empresario y exmilitante del PP en la que acusaba al exalcalde de Aljaraque Juan Manuel Orta (PP) y a Pino del supuesto cobro de comisiones a cambio de licencias de obra y convenios urbanísticos.

Para el exalcalde la Fiscalía pide cinco años y medio de prisión por un delito contra la Hacienda Pública y por otro continuado de falsedad en documento mercantil. Cabe recordar que por estos hechos, tanto el concejal como el exalcalde fueron detenidos en abril de 2008 quedando en libertad con cargos posteriormente.