El coordinador de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha afirmado este lunes que "es lo que se debe hacer" la Administración andaluza en relación a la resolución de la Junta por la que pide a la empresa Minas de Aguas Teñidas (Matsa) el reintegro de una ayuda recibida por valor de 10,1 millones, toda vez que dicha empresa habría efectuado una inversión antes de recibir la subvención, algo prohibido por la orden de subvenciones.
Preguntado al respecto en rueda de prensa, Maíllo ha indicado que el Gobierno andaluz "no es heredero del anterior ni está actuando como los anteriores". "Ahora desde que está IULV-CA se fiscaliza y se mandan expedientes a la Cámara de Cuentas para que se compruebe la legalidad de las ayudas".
Así, Maíllo ha insistido en que "un gobierno tiene que hacer cumplir la norma y frente a quien no ejecutó las ayudas de acuerdo a los fines, debe responder con contundencia".
En este sentido, ha apuntado en que "hay que seguir con esta línea" y, por tanto, "salvaguardar a los que actuaron bien y caer todo el peso de la ley en aquellos que no cumplieron los fines de las ayudas".
"Este planteamiento es coherente con el planteamiento de IU, que quiere que se sepa la verdad y que se fiscalicen todas las ayudas que se dieron", ha cerrado.
