La juez Mercedes Alaya ha ordenado este miércoles el ingreso en prisión eludible con el pago de una fianza de 90.000 euros de un exgerente de ADIF en Sevilla detenido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la denominada operación 'Enredadera' y que habría recibido entre los años 2002 y 2011 un total de 428.535 euros en "sobornos" a cambio de "beneficiar" a la empresa Fitonovo "en la adjudicación y/o ejecución de contratos públicos".

   En este sentido, fuentes del caso han informado de que este exgerente de ADIF en Sevilla, identificado como Antonio Rodríguez Jurado y que se prejubiló en 2011, ha comparecido ante la juez y, al finalizar, se ha celebrado una comparecencia de medidas cautelares en la que el Ministerio Público ha pedido su ingreso en prisión eludible con el pago de una fianza de 250.000 euros.

   La juez Mercedes Alaya, que imputa a Rodríguez Jurado tres presuntos delitos de asociación ilícita, cohecho y prevaricación, ha ordenado finalmente su ingreso en prisión bajo fianza de 90.000 euros, un dinero que el imputado no ha podido abonar en este momento, por lo que ha sido conducido a la cárcel por los agentes de la Guardia Civil.

   Las fuentes consultadas han precisado que, en el auto de prisión, la magistrada instructora pone de manifiesto que, según la documentación intervenida en los registros efectuados en las sedes de las empresas Fitonovo y Fiverde, el imputado habría percibido entre los años 2002 y 2011 un total de 428.535 euros en "sobornos", unas cantidades que "fueron retiradas en efectivo de la denominada 'caja B' de Fitonovo, firmando los recibos de dichas retiradas" el director comercial de Fitonovo, Juan Andrés Brugueras, quien este martes ingresó en prisión bajo fianza de 180.000 euros.

"CAJA B"

   Según la juez, estas cantidades "se atribuyen a la contraprestación recibida" por el exgerente de ADIF "por beneficiar a Fitonovo en la adjudicación y/o ejecución de contratos públicos", de manera que "habría resultado beneficiado con los anteriores sobornos", destacando que en el año 2005 llegó a cobrar 98.800 euros.

   La instructora considera que "existen sólidos indicios" en la causa de la comisión por parte del inculpado de "hechos delictivos graves", todo ello "según se desprende del análisis de la extensa documentación incorporada a la causa, y más concretamente de los archivos documentales correspondientes a la Caja B de Fitonovo, sus asientos contables, sus continuas anotaciones manuscritas y los recibos de dicha caja de cantidades retiradas por el inculpado o por comerciales a su cargo con la expresa indicación del destinatario concreto al que iban dirigidas en concepto de sobornos, además de las diversas facturas supuestamente falsas que nutrían la Caja B".

   La instructora añade que el propio imputado ha admitido en su declaración judicial que "su labor se centraba en los contratos menores, obras de reparación y que siempre tenía fidelizadas seis o siete empresas", punto en el que agrega que las "dádivas" constituían "práctica habitual de la empresa" Fitonovo, "realizándose las mismas de forma periódica o mensual a buena parte de los funcionarios públicos imputados, como en el caso de Rodríguez Jurado".

"ORGANIZACIÓN CRIMINAL JERARQUIZADA"

   A juicio de la juez, esta práctica "para la consecución de contratos públicos se extendió durante un largo periodo temporal que abarcaría desde 1995 hasta 2013, y múltiples áreas geográficas y administraciones públicas".

   "Todo ello ha podido producirse gracias a la existencia de una organización criminal jerarquizada que tendría como centro Fitonovo, donde el inculpado contribuía a facilitar el beneficio" de esta empresa "durante un largo periodo de tiempo desde el año 2002 a 2011 a través de su intervención en la adjudicación de contratos menores y/o de ejecución de los mismos".

   La magistrada considera que los indicios existentes contra este exgerente de ADIF "son extraordinariamente sólidos y consistentes" y ordena su ingreso en prisión en atención a la importancia de estos indicios, la gravedad de los delitos y de las penas que llevan aparejados, y el riesgo de fuga existente.

   En la tarde de este miércoles, también han comparecido ante la juez Jesús Torres, empleado de Fitonovo para quien el Ministerio Público no ha pedido medida cautelar alguna y que ha quedado en libertad con cargos; el exjefe de servicio de Carreteras de la Diputación Provincial de Sevilla Carlos Podio, que según la magistrada habría cobrado 111.000 euros en comisiones, y una trabajadora de la empresa Fitonovo en Granada llamada Alicia Alonso.

   Por el momento, se desconoce si la Fiscalía ha pedido medidas cautelares para estos dos últimos imputados.