B.R.P., oficial de la Policía Local de Huelva que se enfrenta a seis años de cárcel por presuntamente defraudar más de 2.900 euros al Ayuntamiento de Huelva en vales de repostaje de combustible con cargo a coches del cuerpo por importes superiores al real, ha negado hoy ese enriquecimiento ilícito.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva ha acogido hoy la primera sesión de la vista contra esta persona, que va a ser juzgada mediante el procedimiento de Jurado Popular.

El acusado, que sólo ha respondido a las preguntas de su letrado, ha asegurado que él no ha hecho "nada" y que si se encuentra en esta situación es por "la animadversión del instructor del expediente" hacia su persona.

Ha explicado, con relación al repostaje de los vehículos, que el talonario de vales "se encuentra en un cajón al que tiene acceso todo el mundo" y que "cualquier agente podía coger uno y repostar teniendo que adjuntar, posteriormente, la copia del mismo con el tique de la gasolinera".

Tras indicar que no existe órgano de control alguno que revise cómo se han rellenado los vales, ha apuntado que el repostaje se podía realizar en dos gasolineras una ubicada en la barriada de Las Colonias, a apenas un kilómetro de la Jefatura, y otra localizada a unos seis kilómetros, conocida como la de la Venta Álvarez, que es donde sostienen las acusaciones que esta persona llevó a cabo su actividad ilícita.

El acusado, por contra, ha indicado que el iba a repostar indistintamente a una u otra, "depende de donde me cogiera el servicio".

Asimismo, ha negado que las firmas que aparecen en los vales que se le achacan para llevar a cabo ese presunto enriquecimiento ilícito, de los que sólo constan en el procedimiento, según ha indicado su abogado, fotocopias, sea la suya.

Sobre el uso de los vehículos y de si estos pueden consumir gasolina sin circular ha manifestado que podían ser utilizados una, dos o tres veces al día, porque hay tres turnos y que los vehículos gastan combustible cuando permanecen arrancados con los rotativos en actos en los que se requiere presencia policial.

Antes de la declaración de B.R.P. las partes han realizado los alegatos previos al jurado, coincidiendo la Fiscalía y la acusación particular, que ejerce el Ayuntamiento de Huelva, en la culpabilidad del acusado y, la última, en concreto, en la "gravedad" de los hechos, hasta el punto de que es la primera vez que la corporación municipal se persona como acusación particular en hechos penales, y ello porque "afecta al interés público".

Por su parte, la defensa ha sostenido la presunción de inocencia de su cliente y ha esgrimido que se han vulnerado en el procedimiento varios derechos fundamentales de su cliente como al de procedimiento justo y equitativo o el de la protección de datos personales y la tutela judicial efectiva de los mismos.