El pleno de la Diputación Provincial de Huelva, el cual se celebrará de manera telemática debido a las restricciones derivadas por la situación de la pandemia, da cuenta este viernes de la renuncia de Ignacio Caraballo a la presidencia de la institución, entre otros asuntos.
Caraballo registró la pasada semana el escrito comunicando su dimisión a la presidencia de la Diputación, así como un día después presentó su renuncia como secretario general del PSOE onubense. Por su parte, el pasado jueves comunicó su dimisión como presidente de la Diputación por "motivos personales" y como "un ejercicio de responsabilidad" ante la institución que representaba, debido a "la campaña de acoso constante" a la que ha sido sometido en los últimos meses.
De este modo, ahora está pendiente el nombramiento de una gestora que se ponga al frente del proceso para la designación del nuevo presidente o presidenta de la Diputación, así como el relativo a la secretaría general del PSOE onubense conlleva otros pasos. En concreto, los nombres de María Eugenia Limón y Ezequiel Ruiz están en la terna de posibles sustitutos pero la propuesta debe ser elevada a nivel regional y federal, que es finalmente quien decide.
Así, este pleno será presidido por la vicepresidenta primera María Eugenia Limón, y una vez sea ratificada la renuncia de Caraballo, el proceso contempla diez días para que se convoque un pleno extraordinario donde se vote la nueva presidencia de la Diputación.
OTRAS MOCIONES
Por su parte, el grupo socialista en la Diputación de Huelva presenta al pleno de la institución provincial una moción instando a la Junta de Andalucía a poner en marcha medidas para mantener el servicio de ayuda a domicilio, así como para mejorarlo.
Los socialistas también llevan al pleno una segunda iniciativa para que el Gobierno andaluz incremente las partidas destinadas a las entidades locales correspondientes a la Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma (Patrica).
En cuanto a la primera moción, el grupo socialista asegura que Andalucía es la comunidad autónoma donde más personas perciben esta ayuda. En julio de 2020, 90.267 personas tienen reconocido este derecho como programa individual de atención y supone el 37 por ciento de las prestaciones reconocidas en toda España.
Por eso, han pedido "garantizar la total y completa financiación del Servicio de Ayuda a Domicilio por parte de la Administración andaluza a las personas que lo tengan reconocido y cuyo coste por hora se eleve de los 13 euros actuales a 16 a partir del 1 de enero de 2021 y 18 euros en 2023.
Igualmente, piden impulsar la gestión de este servicio mediante el concierto social, garantizar la mejora de las condiciones laborales y retributivas de las personas trabajadoras de dicho servicio, no limitar a diez horas al mes la ayuda de las personas en Grado 1, incrementándolas automáticamente hasta 20 horas, sin necesidad de solicitud para las personas ya atendidas.
También se solicita poner en marcha un grupo de trabajo, con la participación de las centrales sindicales y empresariales del sector de la dependencia, y la Federación andaluza de Municipios y provincias, para la evaluación del Servicio de Ayuda a Domicilio en Andalucía, analizando, entre otras cuestiones, la creación, estabilidad y calidad en el empleo, evaluar la profesionalidad y formación, las condiciones de seguridad y salud laboral y las actuaciones de inspección del servicio que consideren necesarias en la gestión del servicio.
En la moción se insta a la Junta de Andalucía para que en los Presupuestos del próximo año lleve a cabo un refuerzo de recursos humanos y de medios materiales, así como a no privatizar la tramitación de las solicitudes de Dependencia y a no reducir la calidad e intensidad de las prestaciones que se conceden en Andalucía. También se insta al Gobierno de España a recuperar la financiación del Sistema Andaluz de Dependencia, en los términos previstos inicialmente en la Ley (50/50), reducidos por el Gobierno del PP.
En la segunda de las mociones que presenta el grupo socialista, se insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a actuar desde la lealtad institucional y compartir los tributos de la Comunidad Autónoma con las corporaciones locales, para que en los presupuestos de 2021 se incrementen las partidas destinadas a las entidades locales correspondientes a la Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma (Patrica).
Según recoge la iniciativa, en los presupuestos de 2018, aprobados por el PSOE y Ciudadanos, la cantidad de recursos destinados a las Entidades Locales de Huelva a través de la Patrica fue de 34,4 millones de euros, mientras que dos años después, en los presupuestos de 2020, esta partida ha sido de 35 millones de euros. Es decir, después de dos presupuestos, el incremento de la Patrica ha sido del 1,8 por ciento, "no cumpliendo con las exigencias que en oposición reclamaban a la presidenta de la Junta de Andalucía y que a día de hoy alcanzan los 43,5 millones de euros de deuda a los ayuntamientos de la provincia de Huelva".
Por eso, los socialistas exigen en la moción que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía introduzca una partida en el presupuesto de 2021 que resarza a cada uno de los municipios de la provincia de Huelva de los fondos no percibidos de la Patrica.
De otro lado, el Grupo Popular defenderá una iniciativa para instar al Gobierno a declarar exentas las mascarillas en lo referente al impuesto sobre valor añadido y una segunda relativa a reforzar la
independencia judicial.
Además, el Grupo Ciudadanos defenderá una moción para la adopción de medidas urgentes ante las graves carencias de infraestructuras de la provincia de Huelva, y otra para ceder a los ayuntamientos que lo requieran las fincas forestales de Diputación adquiridas en 2005 al ICO.
Por su parte, el Grupo Adelante lleva una propuesta para el impulso de una Estrategia andaluza por la recuperación del ferrocarril y otra al objeto de impulsar un proceso extraordinario de regularización de la población migrante.
