Este mes de febrero se cumple un año desde que el equipo de gobierno del PP aprobara en Pleno el inicio del proceso de subrogación de los 52 trabajadores de Onda Jaén en la plantilla municipal, una medida que también  incluía a otros 32 empleados de Epassa. Sin embargo, un año después, el PP no solo no ha sido capaz de culminar aún la municipalización de esta sociedad (el edil Miguel Contreras lo vincula a la aprobación de los Presupuestos para 2016) sino que el proceso permanece estancado y con numerosas dudas legales. Esas supuestas irregularidades provocaron, por ejemplo, el recurso presentado por el sindicato UGT. Ahora, el Juzgado que lleva el caso ha requerido al Ayuntamiento más información acerca de un proceso que el PP llevó al Pleno pese a contar con numerosos reparos de los servicios jurídicos y de la Intervención municipal.
Según los expertos consultados por esta redacción, la legislación contempla que para iniciar el proceso de liquidación de una sociedad es preciso  realizar previamente su disolución. Una disolución que paraliza cualquier actividad ordinaria de la empresa, algo que no está ocurriendo en Onda Jaén, donde se sigue funcionando con aparente normalidad.
Y llama también la atención que el proceso de liquidación de la sociedad debían haberlo asumido los miembros del consejo de administración de Somucisa (5 del PP, 1 de IU y 3 del PSOE, aunque éstos se retiraron en 2012), pero se da la circunstancia de que esos consejeros son los mismos  que se nombraron en mandatos anteriores (algunos ya fuera del Consistorio) y el Ayuntamiento no ha procedido aún a su renovación. Tampoco consta de que los liquidadores hayan sido nombrados por la junta general de Somucisa.
Expertos en Derecho Mercantil consultados por este periódico dejan entrever que Onda Jaén podría estar actuando en fraude de ley por asumir unas competencias que no les están atribuidas. Y es que, aseguran que los liquidadores de la sociedad  se han convertido en administradores, cuando sus funciones son estrictamente las de liquidar y, por ello, tan solo pueden vender o cobrar, es decir, el objetivo de liquidar. Todo ello al margen del demoledor informe que en su día emitió el interventor municipal, donde se advertía de que se incumple el plan de ajuste que el Ayuntamiento tiene aprobado por el Ministerio de Hacienda y que le obliga a reducir los gastos de Personal para sanear sus cuentas.  “Se carece de cobertura presupuestaria (...) y no quedaría justificada la creación de nuevas plazas en la plantilla de Personal del Ayuntamiento”, se añadía en el informe.