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Jaén

El fallo de las cláusulas suelo beneficia a 49.000 jienenses

Concentración Jaén en contra de los cortes de luz a familias sin recursos

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  • Concentración contra la pobreza energética -

Unos 49.000 jienenses podrían verse beneficiados por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que obliga a los bancos españoles a devolver todo lo que cobraron de más por las cláusulas suelo abusivas, a partir de 2009.  Así lo estimó ayer la compañía de reclamaciones reclamador.es,que estimó el número total de afectados en Andalucía en unos 630.000. Andalucía, seguida de Cataluña, con 565.000 afectados, y Madrid, con casi medio millón, son las comunidades con más afectados por las cláusulas suelo.
Los afectados podrán recuperar 8.000 euros de media, según el cálculo de reclamador.es en función de las hipotecas de sus clientes. Mientras tanto, desde la Asociación de Usuarios de Banco, Cajas y Seguros (Adicae),su presidente, Manuel Pardos, se mostró ayer confiado en que la devolución del dinero a los afectados no se haga esperar: “Lo que nos importa es que se restaure la legalidad, que se reparen los daños causados y que no vuelva a repetirse”, indicó Pardos en una rueda de prensa. A su juicio, la sentencia “restaura el Estado de Derecho tras 10 años de abusos de la banca”.

No a los cortes de luz

Colectivos jienenses se concentraron ayer para apoyar el manifiesto #NoMásCortesDeLuz y reclamar la paralización de los cortes de luz a familias con problemas económicos.
El objetivo fue “poner fin a los abusos que afectan a un servicio esencial”, por lo que exigieron al Gobierno que “regule una tarifa asequible a la que puedan acogerse todos los consumidores domésticos y una auténtica tarifa social para familias con bajos niveles de renta”.
Concentrados en la plaza de la Constitución de la capital, exigieron la prohibición legal de todos los cortes de luz a familias con problemas económicos, el fin de los abusos tarifarios con la aprobación de una tarifa asequible, regulada por el Gobierno, a la que podrán acogerse todos los consumidores domésticos en su primera residencia; la creación de una auténtica tarifa social, una auditoría al sistema eléctrico y la aplicación del tipo de IVA superreducido a la electricidad. 

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