El primer Pleno ordinario celebrado tras el paréntesis veraniego inauguró ayer un curso político que comenzó con las polémicas que vienen centrando la actualidad política de la ciudad desde hace meses, o incluso años. Así, la Barriada del Arroz, la financiación y la deuda municipal, el Campus Tecnológico o la Ciudad de la Justicia, centraron las intervenciones de los portavoces. Eso sí, con discursos, posicionamientos, argumentaciones, reproches y justificaciones calcadas a otros plenos.

Al comienzo de la sesión el secretario cifró en 3.000 los decretos de Alcaldía pendientes de pasar por Pleno. Posteriormente se aprobó, con la abstención del PP, la modificación puntual del PGOM sobre la parcela en la que se ubicará la nueva ciudad de la justicia, cuya licitaciónse producirá en 2010. A continuación se aprobaron tres operaciones de tesorería para dotar al Ayuntamiento de 3,3 millones de euros, para centrarse el debate luego en la Barriada del Arroz y en las responsabilidades de cada cual.

Ordenanza aprobada
En la parte más constructiva de la sesión, todas las formaciones respaldaron la nueva ordenanza municipal reguladora de apertura de establecimientos para el ejercicio de actividades económicas, así como la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por licencias de apertura de establecimientos que la acompaña.

A partir de ahora, aquellos emprendedores que quieran abrir un establecimiento comercial, tras solicitar la pertinente licencia de obras, podrán comenzar su actividad, siendo los técnicos municipales los que tras la finalización de los trabajos establecerán las condiciones del local y, por tanto, cuál será la cantidad a abonar por ese permiso.

El portavoz socialista, Diego Sánchez Rull, destacó el cambio en el mecanismo que “agiliza el trámite” ya que “es la Administración la que debe comprobar que el proyecto cumple con lo recogido en la licencia de obras”. Además, se aceleran los plazos para facilitar la puesta en marcha de estos negocios y generar una mayor actividad económica.

También se aprobó por unanimidad la modificación del Plan General de Ordenación Urbanística para la implantación del Campus; la inclusión de 28.605 metros cuadrados de terreno en el inventario municipal en Los Pastores Sur; la modificación de la concesión a la APBA para la ocupación de superficie de la EDAR; o la aprobación de un Plan Local de Emergencia por Incendios Forestales válido para los próximos cuatro años.
En cuanto a las mociones, se aprobaron las relacionadas con la solicitud de creación de un nuevo Juzgado de lo Social (IU); la instancia al Ministerio de Fomento para agilizar el desdoblamiento de la N-340 (PP); así como el apoyo de la iraní Sakineh Mohammadi Ashtiani, condenada a morir lapidada (PSOE).

En la parte contraria, se desestimaron las mociones para instar a la Diputación a retomar el Observatorio de Infraestructuras (PP); la de rechazo a los recortes sociales y en apoyo de la huelga del 29-S (IU); la solitud de una nueva redacción de la ordenanza de retirada de vehículos (PP).

De las migrañas del PP al “si no, me callo”
El Pleno de ayer fue escenario de varias polémicas e intervenciones recurrentes. Sin embargo, algunos chispazos volvieron a elevar la tensión en un Pleno bronco.

El primer incidente lo protagonizaron Herrera y Landaluce, cuando el primero pidió al portavoz popular que apagara el móvil durante la sesión ordinaria. El líder popular respondió que su partido a nivel nacional le había requerido para defender hoy en el Congreso una Proposición No de Ley sobre ayudas a personas que sufrían migrañas. Esta respuesta generó una honda controversia con los ediles socialistas que reclamaron a Landaluce que se centrara en las cuestiones de ámbito local.

El siguiente incidente tuvo como protagonista al edil de IU Javier Soto, quien una vez que ha confirmado que no volverá a concurrir en unas listas parece más liberado. El concejal se dirigió a Landaluce y el alcalde le pidió que se centrara en el punto a tratar. Entonces Soto espetó a Herrera que “si no le interesa lo que tengo que decir me callo. Debería dejar el papel de reprimir la libertad de expresión al PP”.

Finalmente, el concejal Julio Martínez Fírvida pareció olvidar el nombre de la edil Juana Cid durante su intervención sobre la Barriada del Arroz.