La Plataforma de Ciudadanos Rodeados por Fábricas, haciendo uso del derecho a la participación ciudadana y el acceso a la información ambiental, ha solicitado en tres ocasiones al nuevo alcalde de Los Barrios, Juan Montedeoca, documentación relativa al proyecto de parque tecnológico - complejo LPC Group.

En el caso de los dos anteriores alcaldes, Alonso Rojas y Angeles Ariza, la plataforma los denunció ante la Fiscalía de Medio Ambiente del Campo de Gibraltar, al no responder ninguno de los dos ediles a las solicitudes y avisos de la plataforma; "Alonso Rojas, con su clásica ironía, justificó la falta de respuesta a las solicitudes a falta de personal en el Ayuntamiento, Angeles Ariza, durante su andadura como concejal de participación ciudadana, no se manifestó al respecto, y como alcaldesa, de manera extraoficial expresó su deseo de reunirse con la Plataforma de Ciudadanos Rodeados por las Fabricas, nunca de entregar la documentación requerida. Tampoco, Juan Montedeoca ha contestado a las solicitudes, habiendo sobrepasado el plazo marcado por la ley".

En la tarde de este jueves, se reunirán en Los Barrios, representantes de los grupos ecologistas y de la Plataforma de Ciudadanos Rodeados por las Fabricas, con el fin de analizar la situación judicial y administrativa del las obras de la Gertrudis y establecer nuevas líneas de acción.

Sobre las declaraciones de Alfonso Pecino, concejal de urbanismo y medioambiente del Ayuntamiento de Los Barrios, “tenemos que calificarlas como demagógicas y cínicas”. “En varias ocasiones hemos recibido la invitación del concejal de medioambiente a participar en dicho consejo local, y en todas hemos respondido que mientras se vulneren los derechos de los ciudadanos a la participación y al acceso a la información, no tomaremos parte en los que a priori, será una farsa. Hasta hoy el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Los Barrios ha sido incapaz de reconocer y asumir su responsabilidad en la obras ilegales del complejo LPC. De momento son muchos los millones de euros invertidos en la compra del terreno y en las obras y a la multa de la delegación de medio ambiente de 100.000 euros, se tendría que sumar en breve, otra por obstruir la labor de la dirección general de inspección de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda, al no responder a los requerimientos de documentación de la obras de la Gertrudis”.