La alcaldesa, María José García-Pelayo, ha asegurado hoy que el coste económico del convenio colectivo del personal laboral del Ayuntamiento es asumible para las arcas municipales, aunque ha eludido cuantificarlo entre otras cosas porque “hay medidas que se aplican con carácter inmediato” y otras, por ejemplo, que están condicionadas a lo que vaya marcando la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE).
Para la regidora, “lo importante es que los derechos” del personal laboral municipal quedan “reconocidos” gracias al documento que este mismo lunes han firmado las partes y que con anterioridad había obtenido ya el visto bueno de la Junta de Gobierno local.
A partir de ahí, “las cantidades que se han asumido caben dentro de las posibilidades económicas” del Ayuntamiento, ya que en caso contrario “no se habrían asumido”.
El convenio será de aplicación al personal laboral y también al colectivo de funcionarios, ya que según establece su convenio deben aplicarse las mejoras incluidas en el acuerdo que se ha firmado hoy. Entrará en vigor, con efecto retroactivo, el 1 de enero de 2024 y su duración será de cuatro años, finalizando sus efectos el 31 de diciembre de 2027.
El documento ha sido respaldado por todas las secciones sindicales con representación en el comité de empresa: CGT, ATM, CSIF, CCOO y UGT,
García-Pelayo ha subrayado la “generosidad” mostrada por “ambas partes”, admitiendo en cualquier caso que “es imposible” que en el marco de una negociación todo el mundo “logre lo que busca”. Así, “se ha hecho un esfuerzo” por alcanzar puntos “más puntos de encuentro que de desencuentro”.
El Gobierno local ha cumplido el “objetivo” de “equiparar la situación” del personal laboral con el funcionario, ya que existía “una discriminación importante” en el seno de la propia plantilla en cuanto a derechos “sociales, salariales y laborales”, algo que era “injusto a todas luces”.
A la hora de incidir en algunas de esas mejoras, García-Pelayo ha subrayado las que se introducen para las personas que tienen diversidad funcional y sus familiares o aquellas encaminadas a facilitar la jubilación y de este modo permitir “que se incorpore gente joven” a la plantilla municipal.
Estamos por tanto ante un convenio que, si bien “no es perfecto”, es “favorable” para la plantilla y “posible” dentro del escenario económico y las limitaciones en las que se mueve el Ayuntamiento. “Es un convenio que no perjudica a nadie, que podía ser mejor, pero que es el mejor posible”, apostilló.
El presidente del comité, Ismael García, ha agradecido el “esfuerzo” realizado por todas las partes, recordando que la vigencia del convenio anterior “finalizó en 2015”. “Después de mucho sufrimiento ha habido capacidad de negociar y de ceder, y todos hemos hecho un esfuerzo sobrehumano para que esto llegue a buen puerto”, añadió.
Tal y como ya había avanzado este medio, el nuevo convenio contempla, entre otras cosas, que el personal laboral perciba hasta 2.160 euros más al año por desplazarse al Ayuntamiento. Cada trabajador ingresará esta cuantía anual en concepto de “indemnización” por los gastos derivados del cumplimiento de la jornada laboral.
Así las cosas, se contempla que los 92 empleados laborales fijos y los 831 laborales indefinidos, según los últimos datos actualizados de la plantilla, incorporen a su nómina este montante a lo largo de todo el año repartidos en una cuantía mensual.
Una medida que tendrá aplicación asimismo para el personal funcionario, ya que según recoge el artículo 25 del nuevo convenio, “las mejoras que se produzca en cualquiera de los ámbitos laborales de este Ayuntamiento (laborales y funcionarios) en el periodo de vigencia de este convenio y no esté contemplado, será de aplicación recíproca y directa”.
La medida aparece regulada en el artículo 32 del convenio colectivo, que desglosa los conceptos en los que los trabajadores ingresarán esta cantidad al año para “compensar” e “indemnizar” los gastos que suponen a los empleados públicos realizar sus funciones y a efectos de que de los que se deriven del cumplimiento de la jornada laboral ordinaria “no impliquen una merma en las retribuciones netas que perciben mensualmente”.
Esta indemnización tiene como objetivo “compensar los gastos efectivos calculados de forma global, incluyendo los derivados del teletrabajo”, si bien, a la cuantía asignada anualmente se le deberá deducir la cifra proporcional de los días que no se presten servicios de forma efectiva en periodos de vacaciones, incapacidades temporales, permisos, etcétera, “en los que no se genere un gasto indemnizable”. En el acuerdo también se contempla revisar anualmente la revalorización de esta cantidad durante los años 2025 (75 euros más) y 2026 (75 euros más) en MGNL “siempre que la situación económica del Ayuntamiento lo permita”.
El artículo, que puede ser interpretado como un “plus de asistencia”, ha generado incluso algunas dudas legales, dado que dicha “indemnización está regulada por la Administración Civil del Estado y se fija para pagar dietas cuando se autoriza el desplazamiento de un empleado”, tal y como venía previsto en el anterior convenio.
El PSOE, por su parte, ha estimado que esta nueva cuantía anual puede costarle al Ayuntamiento casi cinco millones de euros.
