La labor del Defensor del Pueblo Andaluz se ha visto dimensionada desde el inicio de la crisis económica. La aparición de situaciones de riesgo sociales, el aumento de los conflictos laborales y el desequilibrio creciente han hecho que el barreño José Chamizo de la Rubia haya tenido que intensificar su trabajo. El Defensor valor para EL FARO el impacto social en el Campo de Gibraltar.

¿Cómo ve la situación en la comarca?
—Está marcada por la crisis económica, que está cayendo con mucha fuerza sobre el Campo de Gibraltar. Sobre todo en las familias en general. Pero, principalmente, lo que más llama la atención es la situación de algunos ayuntamientos, como el de mi pueblo, el de La Línea, Castellar o Jimena. Todo el mundo tiene problemas, y a esta situación hay que buscarle una solución. Pero también hay que actuar en la situación de muchas familias, que están pidiendo ayuda, porque algunos de sus miembros están en paro, y muchas veces son los dos miembros fundamentales de la familia los que no tienen trabajo.
La situación de los ayuntamientos de la comarca es sabida de sobra. Sin embargo, no se soluciona. ¿Cuál es el camino?
—Es importante que a los ayuntamientos se les ayude. Sería necesario que se pusieran en marcha planes concretos con la Junta de Andalucía y el Gobierno Central para salir de estas situaciones y hacer previsiones de cara al futuro. El sistema de mandar a trabajadores al paro es lo más fácil, pero habrá que buscar medidas diferentes. Y tienen que ser otras administraciones las que intervengan. Es verdad que todo el mundo a ese nivel de Administración está igual, pero las soluciones tienen que venir.
¿Cree que la solución está en modificar el sistema de financiación de los ayuntamientos?
—Eso es una cuestión que tienen que discutir las tres administraciones, la autonómica, la provincial y la municipal. Está claro que la solución tiene que pasar por ese tipo de diálogo, pero no puede ser una solución para dos días, sino una solución de fondo de cara el futuro.
En la comarca vemos cómo colectivos se amotinan en los ayuntamientos constantemente. En el caso de Los Barrios, usted ya se ha posicionado sobre el encierro de las trabajadoras de GAMA...
—Con respecto a esta plantilla, estamos intentado mediar ante el Ayuntamiento. Ya hemos enviado una carta al alcalde, pero no sé si ha sido recibida. Intentamos resolver algo, porque son situaciones de mujeres que son limpiadoras de colegios, y que es un papel muy importante el que desempeñan. Ojalá hubiera una solución para ellas, porque está claro que generar más paro no es la solución.
¿Cree que estas situaciones están poniendo en peligro los derechos sociales y el Estado de Bienestar, tal y como promulgan los sindicatos?
—Lo que son los derechos sociales básicos, de momento se están respetando. La salud, la educación, se están respetando. Es mucho más difícil que se garanticen otros derechos, como el de la vivienda o el del puesto de trabajo, que también es un derecho importante, y que están en cuarentena. Nosotros, desde la oficina del Defensor del Pueblo, intentamos defender estos derechos por encima de todo. Es verdad que no hay dinero, pero hay que priorizar los dineros públicos, y que los derechos sociales se vayan respetando. Fundamentalmente, porque son constitucionales y porque si no se respetan, entraríamos en un conflicto social.
¿Cree que esta situación va a ir a peor?
—Yo no lo sé. Es una crisis rara, porque por una parte vemos los dramas que tienen mucha gente y muchos que lleva una vida que parece que no está sucediendo nada. Mi deseo es que esto tenga una salida cuanto antes. Parece unos días que va a tardar mucho, y otros días que se puede ver algo de luz. Pero el día a día de quien no tiene trabajo es muy duro, y es algo ante lo que hay que hacer algo.
Y la situación de las personas que sí tienen empleo, ¿cree que se está volviendo más injusta en los centros de trabajo debido a la crisis?
—En épocas de crisis todo el mundo aprovecha para hacer recortes, sean necesarios o no. El capital es ambicioso y siempre quiere más. Pero para eso están los sindicatos y las asociaciones sociales, para actuar ante situaciones insostenibles. Hay algunos elementos ya, pero todavía no hemos llegado a una situación en la que los derechos de los trabajadores no se respeten.
En el ámbito laboral encontramos situaciones en la comarca que se prolongan ya durante muchos años sin que se dé una solución, como el caso de Torraspapel o Metalsa...
—En estos casos, las palabras no sirven para mucho. Lo importante en este caso es que cumplan con lo que se promete. Lo más angustioso es no saber si sí o no. Estar pendiente de si te van a pagar o no. Esta es una situación que genera muchos problemas psicológicos, y problemas de ansiedad, por lo que es una crueldad mantenerlos.

Inmigración
Usted siempre ha tenido una lucha encarnizada por defender los derechos de los inmigrantes. ¿Cómo les está afectando a ellos esta situación?
—Están padeciendo las consecuencias de la crisis, igual que el resto. En algunos casos más que la población en general. Se ha establecido el criterio de que para los puestos de trabajo tiene prioridad el autóctono, y este planteamiento influye. Yo creo que estamos en una integración correcta de los inmigrantes en el Campo de Gibraltar, pero hay otro sector que cada vez vive más el rechazo a estos colectivos..
Entonces, ¿la crisis está haciendo crecer la xenofobia en la zona?
— Yo no diría que se trate de xenofobia, pero sí de una mirada de sospecha.
Usted, sin embargo, sí que se ha posicionado a favor de que las contrataciones se realicen a personas autóctonas, algo que ha generado una cierta polémica...
—Lo que mantengo es que hay que intentar ser equilibrado en el reparto para evitar la xenofobia. Cualquier ser humano, sea de donde sea, tiene derecho a un trabajo digno, pero tenemos que ir con inteligencia repartiéndolos para no crear más rechazo para el colectivo de inmigrantes. Yo parto del principio básico de que todos tienen derecho a un trabajo digno. Y entiendo que se priorice en los municipios.
Lleva años denunciando la situación de los centros de internamiento de extranjeros. Sin embargo, la Administración no hace nada al respecto...
—Ni lo va a hacer. Hemos pedido el cierre de estos centros, pero no parece que se esté por la labor. Son espacios que no tienen sentido, ni jurídicamente ni de ningún tipo. Y menos cuando se tiene a la persona tantos días y luego se le vuelve a devolver a la calle, porque no hay medios para la repatriación. Además, en un sistema carcelario para personas que no han cometido un delito, sino una falta administrativa.
La crisis ha afectado laboralmente a las administraciones y a las empresas, pero también estamos viendo cómo afecta al propio movimiento asociativo, con impagos durante años, como en la coordinadora Abril...
—Aquí el problema que se está cometiendo es el tema de las subvenciones para las asociaciones, que han sufrido un fuerte recorte. Ciertamente, las propias coordinadoras necesitan más apoyo social que de la Administración. Ha habido un tiempo que se ha vivido más de las administraciones, y tenemos que dar un salto, y que los programas sean financiados por empresas que estén en condiciones. Sabemos que no es un buen momento para ello. Pero es necesario apelar a una responsabilidad social más potente. La lucha nuestra es que no haya recortes para los programas de ayuda social. Pero el dinero llega para todo el mundo y hay que pedir la solidaridad de la sociedad.
Las coordinadoras antidroga ya han advertido de que están suprimiendo programas de ayuda debido a los recortes en las subvenciones...
—Ahí los propios ayuntamientos, dentro de sus posibilidades, la Junta de Andalucía y las diputaciones tienen que hacer un esfuerzo. No se trata de financiar a una coordinadora, sino que se está prestando un servicio de atención a la ciudadanía. Y esto es muy distinto. Estamos hablando de personas necesitadas, y eso es más grave.
En este contexto, ¿cómo recibe el Defensor del Pueblo el movimiento 15-M?
—Con simpatía y alegría. Es un sector importante de la juventud que sale a la calle. Es la sociedad civil que estaba dormida, y por fin despierta. Y, además, están haciendo propuestas que hay que tener en cuenta. Nosotros hemos avalado algunas de sus iniciativas, e hicimos un pronunciamiento jurídico de que a una familia que le quitan su casa no debería pagar nada más. Estamos de acuerdo con que haya más participación democrática, con que haya una respuesta más contundente de la clase política a las peticiones de la ciudadanía...
Pero tras su fuerza inicial, parece que se está diluyendo...
No creas. La gente sigue trabajando en barrios. No tiene la visibilidad que ha tenido al principio, pero me consta que hay personas que siguen trabajando, reuniéndose con gente y, además, es una manera de que tenga más raíces.
¿Cómo ve la situación del medio ambiente en la comarca?
—Nosotros estamos de acuerdo con los ecologistas en el tema de los vertidos, de la contaminación aérea, y lo más importante, de la repercusión de todo esto en la salud. Han surgido numerosos informes de que tenemos que preocuparnos, otros que no, y no logramos sentar a todas las partes en una mesa para que por fin veamos si hay una idea de lo que está pasando, si hace falta más filtros depuradores en las fábricas. En la comarca queda mucho por hacer. Es imprescindible. Los ecologistas tienen toda la razón, y algo hay que hacer.