El portavoz de Izquierda Unida en la Diputación Provincial de Cádiz, Pedro Romero, pedirá al Pleno de la Diputación el apoyo a una moción por la que se insta al Gobierno central a que no se lleven a cabo los planes de privatización de Aena, así como a rechazar la “reducción drástica de puestos de trabajo” y la “precarización de las condiciones laborales de la plantilla del Aeropuerto de la Parra de Jerez de la Frontera y del Helipuerto de Algeciras”.
El diputado de Izquierda Unida considera “la necesidad de defender la rentabilidad social y económica de los aeródromos apostando por la gestión pública de estas infraestructuras”. Romero defiende una gestión desde lo público de estas infraestructuras, de forma que “puedan funcionar en red y se optimice su uso al máximo para incrementar el número de conexiones directas con Andalucía y tratar así de garantizar su viabilidad”.
En la exposición de motivos, el diputado provincial advierte de que “la experiencia del pasado es muy negativa en los procesos de privatización de empresas estatales y su forma de funcionamiento, especialmente cuando el Gobierno ha pretendido manejar dichos sectores una vez entregada la propiedad de las empresas a la gestión privada”. Alerta en este sentido, de los planes de privatización de Aena por parte del Gobierno, del que depende el Aeropuerto de la Parra en Jerez de la Frontera y de los efectos laborales que puede acarrear. Recuerda además, que aunque el presidente de Aena ha anunciado que la entidad pública está en una situación que permite su privatización, “la decisión última está en manos del Gobierno Central”. Para Romero, se trata de “un sector estratégico para la economía española, que en 2013 batió todos los récords en cuanto a número de visitantes y turistas a España”.
Cabe recordar que el pasado mes de mayo, en respuesta a la parlamentaria de IU por Cádiz, Inmaculada Nieto, la consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, mostraba el rechazo del Gobierno andaluz a la privatización del 60% de Aena prevista por el Gobierno del Partido Popular y alertaba sobre las posibles repercusiones en la calidad del servicio y sobre las condiciones laborales. En la respuesta escrita remitia a Nieto por la titular de Fomento, se apuntaba que “los aeropuertos son y deben seguir considerándose como un servicio público, sin perjuicio de que la gestión se realice con el objetivo de conseguir unos niveles aceptables de rentabilidad, eficacia y eficiencia en sus distintas áreas de negocio”.
Asimismo y respecto a las consecuencias que podría acarrear la privatización en el Aeropuerto de Jerez, aludía a “un empeoramiento generalizado de los servicios puestos a disposición, especialmente con las prestaciones que dejarán de ofertarse, con el consecuente deterioro de la imagen del aeropuerto” y citaba aspectos negativos concretos como, “reducción de horarios, reducción de destinos y líneas aéreas, colas de pasajeros en los puestos de control y de facturación, que desgraciadamente, irá en aumento en la temporada turística, que es la época en la que los aeropuertos recuperan sus cuentas de explotación”. Incidía finalmente Cortés, en un “empeoramiento de la imagen de la ciudad” que acarrearía esta bajada de calidad de los servicios aeroportuarios y recordaba que “un aeropuerto es la puerta de entrada del turismo”.
