Las lagunas de la exalcaldesa socialista Pilar Sánchez sobre todo lo que guarda relación con el caso ‘Casa del Rocío’ marcaron ayer su declaración ante el tribunal como testigo durante los 33 minutos que compareció por videoconferencia desde la cárcel sevillana de Alcalá de Guadaíra. Más que por arrojar luz, la expectación que rodeaba a su comparecencia respondía a cuestiones externas al caso: aunque fuera a través de un plasma de espalda al público y al propio banquillo -puesto que su imagen solo la vio el tribunal y los abogados de las defensas- la exalcaldesa “reaparecía” dos meses y medio después de su ingreso en prisión.
Lo hacía “con buen aspecto”, según trascendió en la sala, y ante la atenta mirada de su marido en la última fila de las banquetas, y en un tono firme, sobre todo a la hora de dejar claro que el procedimiento que nos ocupa “lo tengo muy olvidado. No recuerdo nada. Lo siento”. Ella mismo insistió en la mayoría de las cuestiones que recordaba “vagamente” los hechos, hasta tal extremo que llegó a afirmar que tuvo conocimiento de que se habían acometido obras en la Casa Hermandad del Rocío de Jerez en Almonte (Huelva) “por el informe del interventor del Ayuntamiento”. Unas manifestaciones que provocaron casi de forma automática las risas de su exsocio de Gobierno y también exalcalde, Pedro Pacheco.
En esta línea, Pilar Sánchez expuso que ni siquiera recordaba “exactamente” el proceso de presentación de la denuncia ante la Udyco, el 4 de junio de 2008, y que motivó la apertura de una investigación de los hechos a instancias suya. Asimismo, recalcó que conoció “a través del interventor general del Ayuntamiento de que había unas facturas que no se podían pagar”, pero no pudo especificar más. “No recuerdo exactamente qué tipo de irregularidades” presentaban, dijo. “No recuerdo ningún convenio de subvención ni firmé ninguno”, aseguró a las preguntas del fiscal anticorrupción, si bien precisó que estas ayudas “se hacían por convocatorias públicas” para asociaciones, hermandades y similares.
No obstante, sí aclaró que “pedir una subvención para una obra privada, -por la reforma de la casa hermandad- era prácticamente imposible de asumir con esas cantidades (rozaban los 300.000 euros) y administrativamente no lo sé”. Acto seguido, apuntó que las subvenciones para hermandades y asociaciones solían ser “entre 800 y 1.000 euros” sin que recordara subvenciones “por cantidades superiores”.
Pilar Sánchez también aseguró que su presencia en la romería de ese año, el 2007, a finales de mayo, “no era una excepción”, ya que lo venía haciendo “desde el año 2000”. Ese año, la Casa del Rocío había sido objeto de la controvertida reforma, cuyo pago presuntamente con facturas duplicadas ahora se juzga, para celebrar su 75 aniversario. Unas actuaciones de mejora que, según indicó ayer, no detectó a simple vista. “No me percaté de nada, no sabía que se estaban haciendo obras en la casa hermandad; a mí no se me invitó a la inauguración, si es que la hubo. No sabía nada de eso, cuando me llega la información del interventor es cuanto me entero. No tenía ni idea de esas obras y mucho menos que fueran del Ayuntamiento”, agregó. En cuanto al constructor de las obras, José Grimaldi, que también está imputado, Sánchez señaló que no lo ha visto “en la vida” ni recuerda haber recibido un escrito suyo reclamándole el pago de las obras.
El “control” de la GMU
Aparte de los olvidos de la exalcaldesa, llamó también la atención el hecho de que cuando el PSOE asumió el “control absoluto” de la GMU que hasta marzo de 2007 tenía Pacheco al ser cesado tras la ruptura del pacto PSOE-PSA, las primeras indagaciones de Sánchez consistieran en la “recuperación” de los contratos laborales de este órgano. No recordaba si designó a alguien al frente de la GMU entonces, salvo que fue el exdelegado de Urbanismo, Juan Pedro Crisol, quien asumió la Delegación de Urbanismo tras las elecciones. Tanto él, como otro exgerente de Urbanismo desde esa época, Jaime Barrón, dijeron ayer que vieron las facturas duplicadas “por primera vez” en noviembre de 2007. Fue entonces cuando se paralizó su pago, que iba a ser incluido en la modificación de la consignación presupuestaria de casi tres millones, a raíz de un informe emitido desde el Departamento de Fiscalización alertando de irregularidades.
Los últimos en declarar fueron cuatro miembros de la junta de gobierno de la Hermandad del Rocío entre 2006 y 2007. Señalaron que se dirigieron al Ayuntamiento para “pedir ayuda” para “adecentar” la casa y dos de ellos dijeron que el hermano mayor les trasladó que la reforma se pagaría “como obras menores”.
