Los concentrados esgrimieron una serie de razones por las cuales requirieron “el cierre inmediato de este centro”. Entre ellas, la primera argumentación del colectivo se basa en que “no se puede encerrar a una persona por carecer de documentación”.
Ambas entidades apuntan que “el internamiento de personas en este centro choca con el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que recoge que toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado así como que toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país”.
El colectivo subrayó también que “el único delito que han cometido estas personas que están en los CIE’s de La Piñera y Las Palomas de Tarifa, es carecer de documentación. La pobreza, la falta de oportunidades o su persecución es lo que obliga estas personas a salir de sus países. Toda persona tiene derecho a intentar mejorar su calidad de vida y si no que nos pregunten a los andaluces que emigramos masivamente hacia otros puntos del Estado español o Europa. Todo el mundo tiene derecho a emigrar o huir de su país si es perseguido”.
Además, estas entidades indican que “tener la mala suerte de ser cogido por la policía sin documentación no son méritos suficientes para estar privado de libertad”.
Paralelamente, se destaca que “el centro de la Piñera ha sido un cárcel y sigue siéndolo en su estructura. La normativa dice que estos centros no pueden ser cárceles. No sólo hemos protestado Algeciras Acoge y Derechos Humanos por esta situación, sino que el Defensor del Pueblo y el Fiscal General del Estado han denunciado esta situación”.
Finalmente ambas entidades recordaron que “tanto el Ayuntamiento de Algeciras como el Tarifa aprobaron mociones solicitando su cierre”.
