Gobierno local y PP se reprocharon ayer mutuamente la gestión del personal municipal llevada a cabo en estos últimos años, valiéndose para ello de sendas sentencias judiciales. El Ejecutivo socialista divulgó una sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 que desestima una demanda presentada por la jefa de Protocolo y Relaciones Públicas en el periodo de María José García-Pelayo, interpuesta  contra su cese aprobado con fecha 19 de junio, tras el cambio de Gobierno. La sentencia declara que el cese fue totalmente ajustado a Derecho.

La sentencia destaca que la empleada fue nombrada por el PP mediante una adscripción temporal en comisión de servicio y que la ley establece un plazo máximo de dos años para este tipo de nombramientos, que expiró el 31 de octubre de 2014. Ante esta circunstancia, ese mismo día el Gobierno de García-Pelayo aprobó su cese y un segundo nombramiento en comisión de servicio, lo cual dice literalmente la sentencia que iba “destinado a burlar la norma que determina su duración máxima”, añadiendo que “los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir”.

En este sentido, fuentes municipales recuerdan que en el mismo acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 31 de octubre de 2014, el Gobierno municipal de García Pelayo "aprobó 32 nombramientos como el que aborda la referida sentencia. Por tanto, 32 nombramientos aprobados persiguiendo burlar la norma y se adoptaron en fraude de Ley".

Por su parte, el PP esgrimió una sentencia de este mismo juzgado dictada el pasado mes de marzo que “condena al Ayuntamiento a indemnizar a un trabajador y su restitución en el puesto de trabajo tras haber sido cesado en agosto de 2015 con la única justificación de que se debía a un cambio político en el Gobierno”.

“La sentencia -continúan los populares- ha sido ocultada por Mamen Sánchez y el PSOE porque condena al Ayuntamiento a indemnizar al trabajador cesado con la parte de sueldo no recibido en los dos últimos años, que asciende a 5.613 euros, un 10 por ciento adicional por intereses de demora así como la restitución en el puesto de trabajo debido a que el juez considera nulo el cese”.