Según el Consistorio, “los progenitores podrían estar incurriendo en un delito contra los derechos y deberes familiares tipificado en el artículo 226 del Código Penal”. La Fiscalía elevó diligencias y el caso se encuentra ahora instruyéndose en un Juzgado de Algeciras.
La concejal delegada de Educación, Francisca Pizarro, afirmó que “esta familia lleva arrastrando de años atrás este caso de absentismo escolar. Venían de otra ciudad con este mismo problema”.
Pizarro recordó como este caso pasó por la Comisión Municipal de Absentismo a final del curso pasado “y siguen en la misma línea. No podemos permitir que niños que están en edad escolar de enseñanza obligatoria no vayan a clase porque los padres hayan hecho dejación de sus funciones. Se trata además de un delito”.
Según se ha apuntado, los menores, de corta edad, viven en la barriada de San García junto a sus padres, donde tienen adjudicado un centro escolar al que no acuden. La extracción económica de la familia de los menores afectados cumple el perfil de ser baja. De hecho, ninguno de los padres mantiene actualmente un trabajo fijo, “o al menos no lo comunican”.
Actuación
Con respecto al traslado a la Fiscalía del caso, la concejal se mostró “satisfecha” ya que tras un encuentro con el fiscal jefe de Algeciras, éste se mostró “muy predispuesto a actuar lo más rápidamente posible en este o en cualquier otro caso”.
La delegada de Educación indica que “los padres utilizan excusas difíciles de creer y cuando el colegio no puede reconducir este tipo de situación, actúa el Ayuntamiento”. Pizarro aclara que “el Consistorio pone a su disposición desde la trabajadora social de Educación hasta la Policía Local. Además, cuando se ve que es necesaria la intervención de Igualdad y Bienestar Social, se requiere su colaboración en el caso por si hay que proporcionar otro tipo de ayudas” a la familia.
En esta línea, la edil subraya que “se les ofrecen todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance para facilitarles las cosas y solucionar la situación. Excusas y argumentos no tienen para que los niños falten a clase”.
Por otro lado, la edil valoró que de los once casos tratados en la Comisión Municipal de Absentismo a final de curso, “sólo quedan tres que esperamos resolver”. Dos son los hermanos mencionados mientras que el tercer expediente “parece que está en vías de solucionarse pero si no se trasladará a al Fiscalía”.
Reto
De todas formas, la edil delegada de Educación incidió en que “mientras haya un solo niño que no acuda a clase por dejación de funciones de los padres no estaremos contentos del todo. Seguiremos luchando en esta línea”.
Con todo Pizarro se mostró satisfecha por los resultados logrados, “sobre todo por el número de personas que está trabajando, y mucho, en esta comisión. Son grandes profesionales que por lo menos ven recompensado su labor en estos resultados”.
Procedimiento
La delegada de Educación apunta que “dependiendo del tipo de situación los padres ponen diferentes excusas. Algunas son difíciles de creer porque cuando se llega a esos extremos de dar parte a la Fiscalía se ha trabajado antes muchísimo con ellos, intentando ayudarles en todo lo posible”.
Pizarro señala que “se dan infinidad de casos que cuentan cosas que, después de escucharlas tantas veces, pierden credibilidad. Antes de mandarse a Fiscalía se ha trabajado mucho tiempo, pero a fuerza de contar las mismas historias se hacen difíciles de creer”.
Aún así, la edil enfatiza que “siempre se les tiende una mano para intentar ayudarles y el Ayuntamiento siempre está dispuesto a colaborar. Tanto Igualdad y Bienestar Social como la trabajadora social de Educación trabajan todas las posibilidades”.
Así, por ejemplo, “si se aducen problemas económicos por los que deben irse a trabajar fuera, sin poder llevarlos los niños al colegio, se intenta buscar solución”.
Cuando el centro no puede solventar una situación concreta, remite el expediente a la Comisión Municipal de Absentismo con el número de faltas acumuladas. “Entonces actuamos y si vemos que la situación no se corrige, se manda a la Policía Local para comunicarle a los padres que en caso de que los niños no vayan al colegio se dará parte a Fiscalía”.
Legislación
La ley, a través del Código Penal, persigue a los responsables de la tutela de los menores que no hagan efectivo el derecho a la educación de estos.
El artículo 226 del Código Penal establece en su párrafo primero penas de prisión de hasta seis meses así como importantes sanciones económicas.
Así, la legislación recoge que “el que dejase de cumplir los deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar o de prestar la asistencia necesaria legalmente establecida para el sustento de sus descendientes, ascendientes o cónyuge, que se hallen necesitados, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses”.
Paralelamente, el párrafo segundo del mismo artículo del Código Penal establece que “el Juez o Tribunal podrá imponer, motivadamente, al reo la pena de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar por tiempo de cuatro a diez años”.
