La Audiencia de Málaga ha estimado el recurso presentado contra el archivo de la causa contra los controladores del aeropuerto malagueño que no acudieron a su trabajo en el conflicto aéreo del puente de la Constitución de 2010 y ha acordado que siga la investigación. Tras esta decisión, el juzgado ha pedido a la Fiscalía que se pronuncie sobre si procede la inhibición en favor de un juzgado de Madrid o, de seguir aquí la instrucción, sobre qué diligencias practicar.
Esta causa fue iniciada a raíz de las diligencias de investigación de la Fiscalía para averiguar si hubo algún abandono del servicio por parte de los controladores, que alegaron problemas de salud para ausentarse o no acudir al trabajo. Fue archivada en dos ocasiones por el juzgado, la primera vez se reabrió tras un recurso del fiscal y se realizó una pericial forense, aunque se volvió a sobreseer el caso, al considerar el juzgado que no había indicios suficientes de delito.
Ahora es la Sección Primera la que ha acordado la continuación de la instrucción de la causa, tras estimar el recurso presentado contra el último archivo por una acusación particular, al que se adhirió la Fiscalía malagueña. La Sala considera a través de un auto que los hechos pudieran ser constitutivos de un delito de abandono de servicio, el cual pena tanto a los organizadores como a todos los que tomen parte del mismo.
Así, en dicha resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, se determina, como manifestó el ministerio fiscal en su escrito de adhesión, que tras el examen de las actuaciones "se puede inferir que pudo existir una acción concertada de todos los controladores del territorio nacional, unos 400 en total, como estrategia de presión laboral o sindical, con el abandono del servicio, todo lo cual supuso el cierre del espacio aéreo".
La Sala añade que eso "habrá de ser objeto de investigación y esclarecimiento" como sucede en las demás causas abiertas por estos hechos en España. Así, en el auto, se señala que el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid ha acordado, entre otras diligencias de prueba, que los controladores facilitaran los número de teléfonos móviles para "hacerse un análisis de las llamadas entrantes y salientes y mensajes" en esos días.
Asimismo, se destaca un atestado policial en el que se alude a que existió "una uniformidad y justificación" en los controladores y añade la Audiencia en el documento que sufrieron "una repentina" disminución de la capacidad psicofísica para el desempeño de sus funciones operativas, consecuencia de un "estado de ansiedad y nerviosismo".
Por todo esto, se revoca la resolución del juzgado en la que decretó el archivo. Este mismo juzgado ha dictado una providencia, según han informado fuentes judiciales a Europa Press, en la que, tras la decisión de la Sala, se insta al fiscal para que manifieste si procede continuar con la instrucción, caso en el que pide que se determinen las diligencias a practicar, o si procede la inhibición a Instrucción número 3 bis de Madrid "por conocimiento previo".
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