La alcaldesa de Manilva (Málaga), Antonia Muñoz, citada este jueves por el Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona (Málaga), que investiga la causa sobre las presuntas irregularidades en la gestión del Ayuntamiento, se ha acogido a su derecho a no declarar, según han señalado a Europa Press fuentes judiciales.
Muñoz, ya investigada en esta causa, fue citada a declarar el pasado día 2 de diciembre, pero no compareció al encontrarse enferma y presentar su defensa el informe correspondiente. La regidora fue citada una primera vez y en esa ocasión se acogió también a su derecho a no declarar.
La alcaldesa y los ediles de IU en dicha localidad pidieron el pasado mes de junio su baja de la coalición de izquierdas, después de que la dirección provincial les comunicara que era imprescindible la dimisión de la regidora ante las supuestas irregularidades que se estaban investigando en contrataciones municipales. Un mes después, comunicaron su paso al grupo de no adscritos.
La investigación, de la que se encarga dicho juzgado, se viene desarrollando desde hace años por presuntos delitos contra la Administración en relación con el Ayuntamiento. Una de las principales líneas que sigue la Guardia Civil es sobre supuestas irregularidades en la contratación laboral desde que el equipo de gobierno tomó posesión en 2007, las cuales en algunos casos tendrían vinculación con responsables municipales o de IU.
A juicio de los investigadores, con las comprobaciones realizadas a través del análisis de documentos que han sido aportados a la causa por los denunciantes y de informes de la interventora y del secretario, "se llega a la conclusión de que existen indicios racionales que hacen sospechar que se ha realizado un considerable número de contratos de trabajo que, al parecer, han sido formalizados sin tener en cuenta los preceptos legales".
Asimismo, en otro de los documentos que obran en la causa se apuntaba que "llama poderosamente la atención que durante el análisis de la documentación relativa a las incidencias de las nóminas conste que algunos empleados han percibido compensaciones económicas por haber realizado más de 24 horas extras --normales o festivas-- durante el mismo día".
Además, la Guardia Civil pidió al juzgado una investigación patrimonial sobre Muñoz y algunos familiares, así como respecto a varias sociedades, ya que, entre los hechos denunciados están las presuntas irregularidades del Ayuntamiento en materia económica, en concreto, por la contratación de obras y servicios, ya que, supuestamente, se habrían adjudicado trabajos a empresas vinculadas a miembros del Gobierno local.
Por parte de la Guardia Civil ya se hizo un estudio previo de la situación patrimonial de varias personas, como son la regidora, su marido, un primo y la esposa de éste, "habiéndose observado indicios racionales en relación con la existencia de un patrimonio excesivo por parte de ciertos investigados, así como la posible utilización de fondos públicos de forma irregular".
