Agentes de la Policía Nacional han detenido a una mujer, con iniciales M.P.R.H., de 35 años y residente en Zaragoza, por presuntos delitos de estafa y falsedad documental, ya que, supuestamente, ofrecía a través de Internet créditos o préstamos rápidos que no concedía. Se considera que el lucro económico obtenido mediante las pequeñas cantidades recibidas en las cuentas de la arrestada podría ascender a 15.000 euros.
La investigación se inició como consecuencia de una denuncia interpuesta en la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Fuengirola (Málaga) en la que se informaba de la contratación de un crédito por Internet en una página de unos supuestos prestamistas. Después de haber contactado la víctima vía e-mail con dicha web, se le solicitó que realizara dos ingresos por importes de 150 y 60 euros, supuestamente por diversos gastos de gestión, a un número de cuenta de una entidad de crédito.
Tras haber efectuado sendos ingresos en concepto de gestiones de contratación de crédito, a la persona solicitante del préstamo le prometieron recibir un total de 40.000 euros en su cuenta bancaria, si bien nunca recibió el ingreso de dicha cantidad, según han informado desde la Policía Nacional a través de un comunicado.
Las pesquisas policiales han permitido constatar que la persona detenida, residente en Zaragoza, había insertado varios anuncios en diferentes portales de Internet, ofertando la concesión de préstamos, fruto de los cuales recibía solicitudes de personas interesadas a través de correo electrónico, a quienes tras acordar las condiciones requería el ingreso en su cuenta personal de determinadas cantidades, en concepto de gastos por tramitación del préstamo.
Tras analizar minuciosamente todas las cuentas en las que figura como titular la detenida, los investigadores han obtenido datos de unas 80 personas perjudicadas en diferentes provincias del territorio nacional, que han ordenado transferencias a estas cuentas, pequeñas cantidades que oscilan entre los 50 y los 300 euros, han apuntado desde la Policía Nacional.
Estas cantidades estaban destinadas, en principio, según las mismas fuentes, a conllevar los supuestos gastos de tramitación para la concesión del préstamo final, "el cual nunca se producía", y que además quedaban impunes en la mayoría de los casos, debido a que los perjudicados preferían olvidarse de lo ocurrido antes que denunciar hechos de escasa entidad económica.
La investigación ha sido desarrollada por agentes del Grupo de Delincuencia Económica de la Brigada Regional de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Policía de Aragón, en colaboración con el Grupo de Delincuencia Especializada y Violenta de Málaga.
