Rosa y Miguel, de 49 y 39 años respectivamente, viven junto a la hija de ella en una casa de okupas a ocho kilómetros del municipio malagueña de Pizarra. La vivienda sin ventanas, puertas, luz y agua se ha convertido en el hogar de esta familia desde hace algo menos de dos años.
“Que me quieren meter en la cárcel, que me metan, me hacen un puto favor, yo ya no tengo nada que perder, nada, exceptuando mi dignidad”Todo empezó el 6 de septiembre de 2017, CajaSur envió a un individuo para cerrar la casa que llevaba “15 años en estado de abandono”. Fue cuando la entidad tuvo conocimiento de la existencia de esta familia. Tras varios intentos de Rosa por “ponerse en contacto”, con algún responsable de la caja, logró hablar con un “supuesto abogado de esta gente, este señor empezó a amenazarnos, yo me identifiqué en todo momento”. Hace aproximadamente una semana recibieron una carta del juzgado donde se les informaba que CajaSur les reclamaba una deuda de 119.980 euros. Algo que Rosa “no entiende”.
La notificación, según cuentan no busca que abandonen el inmueble, no los trata como okupas, “sino que me están reclamando una deuda con ellos, como si fuera la propietaria de esta casa, si en ningún momento he firmado nada”.
Los problemas se agudizan
Rosa padece un enfermedad genética que lo que la convierte en una mujer de 49 años atrapada en el cuerpo de una de 80.
“Casi siempre estoy en silla de ruedas, estoy a la espera de que el Tribunal Médico me dé la ayuda de la discapacidad, mi esqueleto se va degenerando por días, mi propio médico se echa las manos a la cabeza” ha lamentado esta madre.
Actualmente Rosa comenta que se encuentra en estudio y la decisión del tribunal dependerá del resultado de este. A esto se suma “un derrame de cuatro centímetros en la cabeza, un problema con el trigémino en la parte derecha de la cara, problemas de coagulación sanguínea y anemia”. “He estado hasta hace un año limpiando en lo que me salía, una mujer de mi edad ya tiene pocas puertas abiertas”, pero su cuerpo ya se lo impide.
En el caso de su marido, se dedicaba a la asistencia domiciliaria de enfermos pero por una circunstancia de “transfobia le fueron haciendo boicot en la empresa donde trabajaba, cada vez iban dando menos servicios, menos servicios, hasta que se ha visto abocado a no tener ninguno”.
La ubicación de la vivienda es otro de los hándicaps, la falta de un vehículo les impide trasladarse con facilidad, cada vez que quieren bajar al pueblo deben hacerlo “andando”. Rosa afirma que es ella la que “está enjuiciada”. “He dado mis nombres y apellidos para que a mi familia no le salpique la mierda” ha sentenciado.
Esta mujer ha llegado al punto de incluso desear entrar a prisión: “Que me quieren meter en la cárcel, que me metan, me hacen un puto favor, yo ya no tengo nada que perder, nada, exceptuando mi dignidad”.
Negociación con CajaSur
Mañana tiene una reunión con CajaSur para solucionar el tema de la deuda e intentar negociar un alquiler social. Hasta ahora han sobrevivido son los 150 euros que le manda su cuñada y suegra, a veces son 200. “Ahora en navidades mandan los 300 o hacen una compra, hacen lo que pueden”, ha agradecido.
“Tengo familia pero como si no la tuviese, porque a raíz de mi relación con Miguel no quieren saber nada de mí, no existo, he muerto” ha dicho.
