La Junta de Castilla y León anunció ayer su intención de recurrir la sentencia que obliga a la retirada de los símbolos religiosos de las aulas y los espacios comunes del colegio público Macías Picavea de Valladolid y ha proclamado que “ni quita ni pone crucifijos” en los centros.
El portavoz del Ejecutivo autonómico, José Antonio de Santiago-Juárez, defendió la autonomía de los consejos escolares para decidir si se mantienen los símbolos religiosos y se ha preguntado si la pared de este centro educativo tiene una “naturaleza democrática distinta a la mesa en la que juran o prometen su cargo los ministros y el presidente del Gobierno”.
Tras mostrar varias fotografías de José Luis Rodríguez Zapatero, el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, el portavoz insistió en que la Junta de Castilla y León “siempre ha sido respetuosa con la Constitución y con la autonomía de los consejos escolares”, que ahora defenderá con este recurso ante el Tribunal Superior de Justicia.
De Santiago-Juárez reclamó “que se unifique el criterio” para determinar en qué momento se conculcan derechos fundamentales por la presencia de crucifijos en espacios públicos y en cuáles no, ya que no aprecia la diferencia entre el caso denunciado en el colegio de Valladolid y la presencia de símbolos religiosos en juzgados o dependencias oficiales, como las utilizadas para las tomas de posesión de los altos cargos del Estado.
Se ha detenido en su crítica hacia el ministro Fernández Bermejo, a quien pidió “más esfuerzos para mejorar y modernizar la Justicia”, en lugar de criticar a la Junta de Castilla y León sobre este asunto, y añadió que “lo mejor para los ciudadanos hubiera sido que, con crucifijo o sin crucifijo delante, él no hubiera jurado o prometido el cargo de ministro”.
“Este país necesita mucha Constitución”,indicó el portavoz, quien cree que mientras la Junta de Castilla y León protege la Carta Magna “otros son más tibios para defenderla”, en referencia al PSOE, al que ha preguntado “hasta dónde quiere llegar con esta confrontación”.
Tras conocer la intención de la Junta de Castilla y León de recurrir la sentencia, Mercedes Cabrera señaló que la decisión de la Administración autonómica responde a razones políticas, no a la posición de la jerarquía católica en esta cuestión.
