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Los obispos exigen la anulación de la Ley del Aborto

Hacen un llamamiento a la sociedad para que se manifieste en las calles

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El secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y obispo auxiliar de Madrid, monseñor Juan Antonio Martínez Camino, pidió que la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que fue aprobada definitivamente en el Senado, sea "abolida cuanto antes".

Asimismo, señaló que la Iglesia "da la bienvenida" y "va a apoyar" cualquier movilización en favor de la vida y contra esta ley como las que se van a celebrar el próximo 7 de marzo en Madrid y Bilbao. "Cada vez hay más sensibilidad", agregó.

Sobre la ley, dijo que es "un grave retroceso en la protección del derecho inviolable a la vida" y que "deja a la mujer sola". Con todo, calificó al aborto como "drama y crimen" y anunció que el próximo 25 de marzo la Iglesia va a realizar una campaña para concienciar a la sociedad.

El Pleno del Senado aprobó este miércoles de manera definitiva la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, que será publicada en los próximos días en el Boletín Oficial del Estado y que entrará en vigor a los cuatro meses de dicha publicación, al rechazar las 88 enmiendas que se habían presentado.

La parte del texto que no contenía ninguna enmienda ha sido aprobada por 132 votos a favor, 126 en contra y una abstención. Por la mañana, el Pleno del Senado rechazó los tres vetos presentados por el PP, Unió y Unión del Pueblo Navarro (UPN) por una margen de entre cuatro y ocho votos.

Fuentes parlamentarias aseguraron que el Grupo Socialista ha trabajado intensamente estos días con senadores de distintas formaciones para posibilitar que la Ley fuera aprobada de forma definitiva en el Senado y evitar así que tuviera que ser ratificada en el Congreso de los Diputados.

El Pleno del Senado rechazó los tres vetos presentados por el PP, Unió y Unión del Pueblo Navarro (UPN) por un margen de entre cuatro y ocho votos. Esta tarde se debatirán las 88 enmiendas presentadas y el resto del texto de la ley.

Si se aprueba alguna modificación, el proyecto deberá volver al Congreso, pero si no se introduce ningún cambio, la ley quedará aprobada de forma definitiva. En este caso, se enviará al Boletín Oficial del Estado (BOE) para su publicación y entrará en vigor a las cuatro meses de dicha publicación.

Las propuestas de devolución del texto de los 'populares' y de UPN fueron rechazadas esta mañana por 134 votos en contra, 126 a favor y dos abstenciones. Votaron en contra el PSOE, Entesa Catalana de Progrés, seis de los siete senadores de CiU, PNV, BNG, el representante del PSM-EN y dos senadores independientes de Navarra e Ibiza; a favor, el PP, UPN, Unió, Partido Aragonés; mientras que los dos senadores de Coalición Canaria se abstuvieron.

Por su parte, el veto de Unió fue rechazado por 132 votos en contra, 128 a favor y dos abstenciones. En esta ocasión cambiaron su voto uno de los senadores de CC, Narvay Quintero, que votó en contra de los vetos, y tres parlamentarios de CiU, de los que dos votaron a favor y uno se abstuvo.

PP
La portavoz de Igualdad del PP en el Senado, Carmen Dueñas, acusó al Gobierno socialista de "imponer el aborto libre" a la sociedad española y de despreciar "la voz de los ciudadanos", quienes "mayoritariamente rechazan" el proyecto de ley del Ejecutivo.

Asimismo, censuró al Gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero por querer "acabar con uno de los pilares de la sociedad española como es la familia" y por "desproteger la vida". "Ya que están acabando con el presente de este país, no acaben con su futuro", aseveró.

Además, criticó que la ley "libere al hombre de sus responsabilidades" y apueste "por el drama del aborto en vez de apostar por la maternidad". "Y a esto lo llaman ustedes avance histórico, avance social, progresismo y feminismo, y si esto es algo es feminismo retrógrado y trasnochado", enfatizó.

Unió
Por su parte, el senador de Unió (UDC-CiU) Jordi Casas señaló que "no existe el derecho a causar un mal objetivo", como es impedir que nazca el feto, y acusó al Gobierno de llevar a cabo esta reforma sin "diálogo y sin voluntad de llegar a acuerdos".

Casas manifestó que con esta ley "difícilmente" descenderá el número de abortos, que este no es un debate entre "derechas e izquierdas" y que "el Estado no debe inmiscuirse" en estos asuntos "menoscabando la patria potestad" al permitir que las menores puedan abortar sin conocimiento de sus padres.

A su vez, la diputada de UPN, María Caballero, aseguró que la ley es inconstitucional y recordó que los principales órganos consultivo del país han mostrado sus discrepancias. Al igual que el PP y Unió, Caballero destacó que la norma no incluye ni una sola medida que apoye a la mujer para que siga adelante con su embarazo.

El parlamentario del Partido Aragonés, José María Mur, votó "libremente" a favor de devolver el texto al Gobierno y vaticinó que dentro de unos años el PSOE, como ocurre ahora, volverá a traer una nueva reforma de la Ley del Aborto, que "será la prueba de que ésta ha sido un fracaso". Mur manifestó que no entiende que los grupos impongan disciplina de voto en un asunto que afecta a la conciencia de las personas.

PSOE
La senadora y secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, celebró que esta ley "ponga fin" a la "deuda pendiente" a su juicio tenía la sociedad con las mujeres. "Las mujeres que no compartan la norma no harán uso de ella, pero las que quieran hacerlo no podemos ni debemos impedírselo", subrayó.

Pajín, que se estrenó con esta norma en la tribuna del Senado, dijo que ante los más de 100.000 abortos anuales se puede "mirar hacia otro lado y reducir las ayudas que se destinan las organizaciones que practican la educación sexual, como hacen las comunidades gobernadas por el PP, o una actitud rigurosa y realista que permita abordar el debate con sentido de la responsabilidad".

En este contexto, dijo que "llama la atención" el "doble rasero" de los 'populares' a la hora de juzgar la responsabilidad de los menores, ya que por un lado se oponen a que puedan tomar decisiones en la interrupción del embarazo pero por otro "quieren que se les juzgue y condene como adultos".

La senadora del PSC María Assumpta Baig justificó el voto favorable del grupo de la Entesa argumentando que este proyecto de ley ofrece información y educación que permite la prevención de embarazos no deseados.

Desde las filas del PNV, Miren Lore Leanizbarrutia aseguró que la norma ha sido mejorada en el trámite parlamentario y agregó que "la mejor ley será la que no exista" porque no haya nadie que se vea en esa situación.

Mientras, el senador socialista Arturo Bagur, adscrito al Grupo Mixto, esta ley reconoce "un derecho a la maternidad libremente decidida" y no obliga a nadie a abortar. El senador independiente navarro, Francisco Javier Tuñón, apoya la ley porque considera que una mujer embarazada debe tener la oportunidad de "decidir si quiere continuar o no con ese embarazo". Además, dijo que la sanidad pública navarra debe garantizar esta prestación.

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