La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, dijo ayer que “hay espacio” para realizar las modificaciones normativas que permitan reforzar la articulación del Estatut tras las sentencia del Constitucional y apuntó una posible reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Fernández de la Vega pidió “prudencia” hasta que se pueda analizar con detenimiento la sentencia del Alto Tribunal, –que podría conocerse el próximo día 12–, aunque ha avanzado que por lo que se conoce del fallo la parte referida al Poder Judicial tiene posibilidades de desarrollo normativo a través de la Ley orgánica que lo regula.

Dicha reforma se produciría en desarrollo de la propia doctrina del Constitucional para avanzar en la configuración del Poder Judicial en el Estado de las autonomías, añadió la vicepresidenta.

Afirmó además que comprende que puede haber “sensibilidades diferentes” a la hora de hacer una valoración del fallo del TC y se ha mostrado convencida de que el Gobierno seguirá colaborando y dialogando con CiU para sacar adelante iniciativas en el Congreso de los Diputados.

La vicepresidenta ha respondido así al ser preguntada por las declaraciones del presidente de CiU, Artur Mas, quien advirtió ayer a PSOE y PP de que no podrán contar en el futuro con su partido para la gobernabilidad de España si consideran que la sentencia del del TC pone fin al proceso de descentralización autonómica emprendido en 1978.

“¿Se ha acabado algo?, no”, afirmó la vicepresidenta, quien indicó que aquí lo que se ha culminado es el objetivo propuesto por el Gobierno de impulsar las reformas estatutarias, y ahora lo que hay que hacer –prosiguió– es seguir desarrollando el Estatut porque “hay margen” para ello.

Fuentes del Gobierno han indicado que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que deberá aprobarse por mayoría absoluta, permitiría dar contenido a los Consejo autonómicos de Justicia y han subrayado, respecto al tema de la lengua, que el bloque normativo de desarrollo lingüístico permanece ya que el término “preferente” eliminado por el TC sólo se refiere a su uso en las administraciones públicas y los medios de comunicación.

No afectaría, por tanto, a la regulación del uso de la lengua en los comercios, que quedaría intacta, según las mismas fuentes.

Fernández de la Vega ha reiterado, en la misma línea de lo afirmado por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que la sentencia del TC ha venido a avalar la “práctica totalidad” del Estatut y ha dicho que no se pueden hacer “interpretaciones distintas”.


Aznar culpa a Zapatero del “lío” del Estatut para mantenerse en el poder


José María Aznar responsabilizó ayer a Zapatero del “lío” y de la “chapucera” obra de “albañilería política” realizada con el Estatuto de Cataluña, cuyo único objetivo ha sido, en su opinión, mantenerse en el poder.

Aznar se expresó así en la apertura del curso de verano de FAES 2010, a la que ha asistido el presidente del Parlamento Europeo, Jerzy Buzek, y en el que pronunció una conferencia monográfica sobre el Estatut.

El ex presidente ha dicho que la sentencia es “el desenlace de una mala historia” cuyos responsables están en el partido que todavía gobierna en España y en Cataluña, y “en quien dirige ese partido”, en alusión a Zapatero.

“Hemos padecido el efecto de un proyecto político que ha pretendido –y que va a seguir intentando– convertir un problema de Gobierno en un problema de Estado para encubrir sus propias responsabilidades”, señaló.

El dirigente opinó que “lo que ha quebrado no es ningún proceso de la llamada construcción nacional sino una obra más bien chapucera de albañilería política para sostener en el poder a quienes ya se han cobrado con largueza los réditos políticos”.

Aznar subrayó que “nada de lo ocurrido hubiera sido posible si el PSOE no hubiera roto los consensos constitucionales básicos y esenciales para la estabilidad del modelo del Estado”.