Fuentes del Ministerio Público han adelantado esta posición de la Fiscalía después de que el Juzgado de Instrucción 21 de Madrid se inhibiera el pasado 28 de octubre de esta causa en favor del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es Pablo Ruz, al que aún no ha llegado la petición.
Las mismas fuentes han subrayado que este tribunal no es el competente para investigar estos hechos y que no puede utilizarse la vía penal, por lo que la Fiscalía apoyará “en la medida de lo posible” la administrativa mediante la creación de dicha oficina, “que podría ser un buen instrumento para agilizar los trámites”.
Estos son los argumentos que el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, trasladó ayer a la Plataforma Grupos de Afectados de Clínicas de Toda España de la Causa de Niños Robados, a los que ha expuesto además que los delitos podrían haber prescrito, según han precisado las fuentes consultadas.
Por su parte, la portavoz de la plataforma, Mar Soriano, que ha reunido más de 300 casos de niños desaparecidos, explicó que la oficina permitirá también la creación de una base de datos relativos a los ADN de los afectados.
