Los abogados se han convertido en víctimas de la tortura en China, un país donde las agresiones físicas y psicológicas bajo detención siguen siendo "rutina" mientras la policía disfruta de impunidad y los tribunales aceptan confesiones forzadas como evidencia para una condena.
Se trata de una situación que condena hoy Amnistía Internacional (AI) en un nuevo informe, "Sin fin a la vista, tortura y confesiones forzadas en China", que vuelve a desvelar la "cara oscura" de la segunda economía mundial.
El documento constata cómo la tortura, los malos tratos y las confesiones de sospechosos extraídas de manera forzosa siguen siendo "rampantes" en el sistema judicial chino y pone el foco en nuevas víctimas de ello, los letrados.
"En los últimos tres años, los abogados se han convertido en el principal blanco de las autoridades", asegura a Efe el autor del informe, Patrick Poon, desde Hong Kong.
Si estás bajo custodia en China, apuntan desde AI, un abogado es quien se interpone entre ti y una confesión forzada, y de eso también se ha dado cuenta la policía, precisan.
"Cada vez más, los abogados revelan y hacen frente al comportamiento ilegal de la policía, y tienen una relación estrecha con distintas clases de la sociedad. En este contexto, la conciencia de la ciudadanía sobre sus derechos está aumentando y las autoridades están sintiendo una presión sin precedentes", cuenta a Efe Tang Jitian, antiguo fiscal y actualmente abogado en Pekín.
Tang, que ha aportado su testimonio para el informe de AI, confirma la situación. "He trabajado en muchos casos sobre gente torturada y yo mismo la he sufrido", dice el letrado.
En 2011, Tang fue arrestado 18 días en "un sitio secreto", donde le privaron del sueño, le esposaron, le taparon la cabeza con una bolsa negra y le forzaron a estar de pie durante muchas horas. Adelgazó 15 kilos y contrajo tuberculosis.
El año pasado le volvieron a apresar cuando trató de investigar una "cárcel negra". "Me ataron a una silla de hierro, me pegaron en la cara con una botella y me rompieron un diente, me esposaron las manos, me las colgaron para mantenerlas arriba y me volvieron a agredir. Me desmayé", rememora en declaraciones a Efe.
Yu Wensheng también había trabajado en numerosas alegaciones de tortura, especialmente en casos "sensibles", relacionados en el país con disidentes, activistas, minorías étnicas o actividades religiosas.
En 2014, vivió en primera persona de lo que le hablaban. Debido a las protestas prodemocracia de Hong Kong, le arrestaron 99 días y soportó "unas 15 horas de interrogatorios diarios", en una "silla de hierro", de respaldo muy ancho.
"Me ataron las manos por detrás del respaldo, pero no me llegaban, pues no soy muy alto. Me estiraron los brazos para poder esposarme. Sentí algo peor que morir", recuerda Yu.
El fin de las autoridades, dice, era que se "rindiera", que "confesara" haber alterado el orden, de lo que le acusaban.
Y ahí radica precisamente la base de la tortura, según el informe de Amnistía Internacional. Patrick Poon explica que la aceptación de confesiones forzadas como evidencias en los juicios es uno de los grandes problemas que hace que la tortura persista, y radica en la estrecha relación entre la policía, la fiscalía y los jueces.
De 590 estudiados por AI en los que hubo alegaciones de tortura, las confesiones forzadas fueron excluidas como evidencias en sólo 16. Y de estos, uno acabó en un sobreseimiento de la causa y el resto con condenadas basadas en otras evidencias.
En respuesta a este informe, un portavoz del ministerio de Exteriores chino, Hong Lei, aseguró hoy que la extracción de confesiones mediante tortura en el país está prohibida y castigada por la ley.
"Cuando se encuentran casos de confesiones obtenidas mediante coerción, sus responsables son tratados de acuerdo con la ley", defendió Hong en rueda de prensa, en la que también destacó que China continuará "mejorando nuestro sistema de protección oficial para que todo el mundo sea tratado con justicia".
"En el papel, el acto de extraer una confesión a través de la tortura está prohibido. Pero China está fracasando en implementar la ley", argumenta por su parte Poon, que publica el informe de forma previa a la revisión de China por parte de la Comisión contra la Tortura de la ONU.
AI se suma con su informe a otras ONG como Human Rights Watch o la hongkonesa Chinese Human Rights Defenders, que tratan de presionar al Gobierno para que diga "la verdad" en la ONU, mejore e implemente la regulación existente y se pueda ver así "el final del túnel".
