Recuperar” no es suficiente. No debe ser el objetivo. La amplitud de miras exige mejorar, crear mejores condiciones al futuro de una ciudad y de la gente que la habita. No es que las ciudades necesiten o deban ser más grandes, para ser más importantes. El error es haber mantenido esa unidad de medida ciega, errónea, enemiga en realidad de la calidad de vida. El error es la clasificación: “la primera ciudad de…” Pues en el caso de Sevilla, no se trata de crecer como sea, de ser más grande a costa de lo que sea. Lo contrario, es que esta ciudad ya había superado la cifra, la había superado y seguía creciendo en forma vegetativa, nada por encima de lo normal, para caer de golpe. Del golpe asestado por la especulación inmobiliaria, del comportamiento criminal capaz de crear una burbuja para echar a la gente de sus viviendas y seguir subiendo precios.
¿Quién puede pagar la totalidad de su salario, o casi, y a veces más, para no vivir en la calle? Encima, la Ley contra los alquileres, eufemísticamente hecha “para promover el alquiler”, falso aserto para no reconocer la verdad, conscientes de su injusticia: beneficiar al propietario, encima hace trashumante al inquilino, obligado a una mudanza cada tres años. Es evidente que los gobiernos actuales quieren hacernos añorar la dictadura, que, al menos, hacía viviendas. Es la especulación, aplaudida y fomentada por todas las instituciones, bancos, grandes empresas y, por supuesto, sus beneficiarios, lo que ha echado de Sevilla a más de veinte mil personas y ha llevado su población muy por debajo de su último censo. No sólo se ha frenado la inmigración, de eso hace ya muchos años, se está obligando a emigrar a su población habitual y asentada.
La especulación, promovida desde el gobierno, banca, inmobiliarias y propietarios de todo calibre -que todos se apuntan a ganar más- y defendida por determinados medios de comunicación, en especial grupos inmobiliarios virtuales, no se conforma con provocar otro “crack” como el de 2008. No son “apoyos”, no simplemente, porque esos grupos están interesados, forman parte de la creación del problema. Está claro que algunos están muy lejos del “idealismo” pregonado por un nombre del que se han apropiado de forma indecente. La “ayuda” del alquiler turístico, levantador de orejas de todo propietario de vivienda o cuchitril, ha permitido entrar en el negocio a plataformas multinacionales, que ya no se dedican sólo a lo turístico y que, de forma inexplicable, ofrecen alquileres que duplican y triplican el salario medio. Si se trata de fomentar y normalizar los “pisos patera”, están acertando. Pero eso sólo sirve a la codicia, a la usura de empresas y particulares.
Aquí es dónde el Gobierno tiene la obligación de intervenir; no para seguir dando ventajas a quienes más tienen, sino para cumplir con el deber de resolver el problema. A cumplir con la Constitución, que tienen el descaro de llamarse a sí mismos “constitucionalistas”. Está visto que su “constitucionalismo”, como su “patriotismo” están tan lejos de ser ambas cosas como el lugar dónde muchos ingresan sus beneficios. Su patriotismo termina dónde empieza la evasión de capitales.
