El alcalde de Armilla (Granada), el socialista Gerardo Sánchez, declarará este lunes como imputado por la adjudicación presuntamente irregular de las obras en una rotonda de Circunvalación, después de que la causa, en la que están acusadas tres personas más, fuera reabierta por el Juzgado de Instrucción 6 de Granada.
Su comparecencia estaba prevista inicialmente para principios del mes de septiembre, si bien los recursos presentados por los imputados y su "incomparecencia unilateral" obligaron al titular del Juzgado, el magistrado Miguel Ángel del Arco, a pronunciarse y suspender las declaraciones previstas. Así, en una nueva providencia fechada el 10 de septiembre, a la que tuvo acceso Europa Press, el juez acordaba que el alcalde declarase este 6 de octubre, a las 11,00 horas.
Para el mismo día ha sido fijado el testimonio que deberá prestar otro de los imputados, concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Armilla, Victoriano Cid, a las 10,00 horas, y ya dos días después, el 8 de octubre, tendrán que declarar los otros dos inculpados, el instructor del expediente urbanístico, a las 10,00 horas, y una hora más tarde, el gerente de Armigesa, empresa participada en un 51 por ciento por FCC y en un 49 por ciento por el Ayuntamiento de la localidad.
Estas nuevas citaciones son consecuencia de la reapertura del caso que ya ordenó el Juzgado de Instrucción 6 de Granada, que sin embargo antes, el 6 de junio, había decretado el archivo del proceso judicial, que se inició después de la denuncia que partió del propio Ayuntamiento de la localidad en el periodo en el que gobernaba el 'popular' Antonio Ayllón, que acusó a Sánchez de los presuntos delitos de prevaricación, malversación de fondos y tráfico de influencias, por la ejecución, sin expediente, sin licencia y sin consignación presupuestaria de los trabajos.
En aquel momento, el alcalde sostuvo que su antecesor había hecho pasar por obras de embellecimiento y jardinería unos trabajos que en realidad tuvieron mucho mayor alcance, lo que le permitió saltarse todo el procedimiento administrativo para ponerlas en manos de la empresa municipal mixta Armigesa, responsable, entre otros trabajos, de la jardinería de Armilla.
Sin embargo, el magistrado Miguel Ángel del Arco criticaba en su auto la denuncia del PP, en tanto que sólo se dirigía contra el alcalde: "Parece que para la acusación particular (PP) sólo existe una obsesión: el actual alcalde Armilla de pertenencia a un partido político (PSOE) contrario a la militancia del alcalde denunciante (PP)".
Pero, después del recurso de reforma interpuesto por los 'populares', Del Arco aceptó reabrir la causa y atribuyó un posible delito continuado de prevaricación, otro de tráfico de influencia y otro de malversación de caudales públicos al alcalde, al concejal de Urbanismo, al instructor del expediente y al gerente de Armigesa.
Según sostuvo el Juzgado en su nuevo auto, de fecha 12 de julio y al que tuvo entonces acceso Europa Press, el Ayuntamiento, presidido por Sánchez, habría contratado a Armigesa de manera "totalmente ilegal" las obras de embellecimiento de la rotonda situada entre la A-44 y la N-323A por un importe de cerca de 280.000 euros.
Se hizo, según el juez, presuntamente "sin expediente de contratación alguno" pese a ser una obra mayor por su cuantía, que requería un procedimiento abierto y respetar los principios de publicidad y libre concurrencia, sin licencia de obras, y sin consignación presupuestaria, en unos terrenos que "no son propiedad del Ayuntamiento".