El Juzgado de Instrucción 6 de Granada ha acordado la apertura de juicio oral por el "caso Alhambra", que ha investigado irregularidades en el control de accesos y venta de entradas al conjunto monumental nazarí y que finalmente sentará en el banquillo de la Audiencia a cincuenta acusados.
En un auto de 73 páginas, fechado la pasada semana y al que hoy ha tenido acceso Efe, el juez Miguel Ángel del Arco acuerda esta apertura de juicio de acuerdo a los escritos de acusación formulados tanto por la Fiscalía como por el letrado de la Junta de Andalucía.
De total de 50 acusados finales, 43 de ellos se recogen tanto en los escritos del Ministerio Público como de la Junta, además de las empresas Daraxatour y Washington Irving SL como responsables civiles, mientras que los siete restantes se relacionan de forma independiente en cada una de las mencionadas acusaciones.
En la misma resolución judicial el juez ordena el sobreseimiento por falta de acusación para 27 personas que estuvieron imputadas en la fase de instrucción y declara asimismo a la Audiencia de Granada como el órgano competente para el conocimiento y fallo de la causa.
En cuanto a la adopción de medidas cautelares de índole económica, Del Arco entiende que "no ha lugar a pronunciamiento" en esta fase de instrucción respecto a las medidas de reparación solicitadas tanto por el letrado de la Junta como por el Ministerio Fiscal.
En el auto, el propio instructor recoge incluso que "con total respeto" a las acusaciones formuladas "no comprende" la no acusación de ciertas personas anteriormente imputadas "con unos indicios y beneficios económicos considerables".
El pasado marzo el juez encargado de investigar las presuntas irregularidades en el control de accesos y venta de entradas a la Alhambra de Granada dio por concluida la instrucción de la causa con 77 imputados y dos agencias de viajes procesadas, casi nueve años después de iniciarse.
En sus conclusiones provisionales, la Fiscalía pide penas de entre cuatro y nueve años de cárcel para las 45 personas a las que acusa en este caso y considera los hechos constitutivos de delitos continuados de apropiación indebida, falsedad en documento mercantil y daños al patrimonio histórico.
El perjuicio causado al Patronato de la Alhambra ha sido cuantificado en más de 6,66 millones de euros, 3,5 millones correspondientes a ingresos no percibidos por el acceso irregular y 3,16 millones por daños materiales causados en el monumento.
Para diez de las personas a las que acusa el fiscal ha solicitado penas de nueve años de cárcel y multa de 9.000 euros, mientras que a las 35 restantes les pide a cada una cuatro años de cárcel y multa de 2.160 euros.
Según la Fiscalía, como consecuencia de las relaciones familiares que había entre algunos de los acusados y de las profesionales que desempañaban como guías turísticos, responsables hoteleros o participantes en la gestión de agencias de viaje ejecutaron, entre los años 2002 y 2005, un plan para conseguir un "provecho patrimonial ilícito".
De esta manera, relata la acusación pública, el dinero entregado por sus clientes para obtener una entrada con la que acceder a la Alhambra no era ingresado a través de los sistemas reglamentarios en las arcas del Patronato público que gestiona este monumento nazarí, sino que fue incorporado "ilícitamente" a su patrimonio.
