El portavoz del grupo de Ciudadanos (C's) en el Ayuntamiento de Granada, Luis Salvador, ha anunciado que esperará al 10 de diciembre, día en que la concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, debe declarar por su imputación en un "caso de corrupción política" para que ésta dimita y ha advertido de que no descarta, en última opción, presentar una moción de censura contra el gobierno del Partido Popular.
Salvador ha explicado preguntado por los periodistas en rueda de prensa que "estar imputada no la hace culpable" y que, además, se ha dado una situación distinta al recurrir la imputación por lo que ha aclarado que esperará a conocer si se desestima o se alarga en el tiempo y, en el caso de que se mantenga la imputación "se tomarán medidas" porque no van a "permitir que esta situación se mantenga durante meses".
Si la concejal se mantuviera en su puesto aun estando imputada, Salvador pediría al secretario general del Partido Popular, Santiago Pérez, con quien suscribió el acuerdo para facilitar el gobierno, que exija que se cumpla dicho acuerdo y, en el caso de que éste no lo hiciera, Ciudadanos "dejará de apoyar todas las iniciativas que el gobierno de José Torres Hurtado presente en el Ayuntamiento".
"Si las iniciativas son necesarias para la ciudad no se va a caer en la irresponsabilidad de perjudicar a los ciudadanos", ha apuntado el portavoz municipal quien ha asegurado que, llegado a este punto, se verían "obligados por el PP" a presentar una moción de censura para no "verse llevados al caos".
En cuanto a la imputación de los concejales del PSOE ha aclarado que lo han estado pero "no por un caso de corrupción política" y ha hecho una comparativa con Nieto a quien se la acusa de "prevaricación y ha sido el propio fiscal quien ha visto indicios de delitos muy graves" y, respecto a la imputación del alcalde, José Torres Hurtado, ha afirmado que estaba imputado antes de que ellos llegaran a un acuerdo.
Para concluir, Luis Salvador ha declarado que la corrupción ha creado una alarma social hasta extremos insoportables en todas las administraciones pública y, sobre todo, en las concejalías de Urbanismo por lo que "perderían la credibilidad si continuaran apoyando algo así".
