El hombre que iba a ser juzgado desde este lunes en la Audiencia de Granada por un jurado popular acusado de matar a martillazos a su mujer en Motril (Granada) el 20 de mayo de 2014 ha aceptado cumplir una condena de 18 años de prisión por estos hechos como autor de un delito de asesinato.

   El acuerdo alcanzado entre las partes ha evitado que se constituyera el jurado popular que iba a enjuiciarle hasta el jueves por estos hechos, por los que la Fiscalía pedía para él 20 años de prisión por un delito de asesinato con la circunstancia agravante de alevosía, la cual se ha mantenido.

   Además de la pena de cárcel, las partes han acordado el pago de una indemnización de 100.000 euros para los herederos de la víctima, que han recibido al acusado a su llegada a la Audiencia Provincial con gritos de "asesino".

   La mujer, María Araceli M.B, de 60 años, murió el 7 de junio del pasado año en el Hospital de Traumatología, donde permaneció ingresada desde la agresión, que se produjo en el domicilio familiar, en Motril, un día antes de que se celebrara la vista oral para alcanzar un acuerdo de divorcio con el que hasta entonces fue su marido.

   Según consta en el escrito de acusación del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos ocurrieron en el domicilio que la pareja tenía en la calle Antillas de la localidad costera. Allí, el acusado, Francisco José E.P., se dirigió por la espalda a su esposa en el momento en que se disponía a bajar las escaleras que conducen a la planta baja de la vivienda y, con un martillo carpintero, al que previamente había envuelto la parte plana de la maza con gasas sanitarias sujetas con esparadrapo, le asestó "con todas sus fuerzas un golpe en la cabeza que le fracturó el cráneo con tal violencia que le produjo el hundimiento de la región parieto-occipital derecha, con incrustación de trozos de hueso en el encéfalo".

   Araceli, "sin posibilidad alguna de defensa ante aquella agresión traicionera, por la espalda y absolutamente inesperada", añade el fiscal, cayó rodando escaleras abajo y quedó tendida en el suelo de la planta baja, mientras se desangraba lentamente.

   En esa posición la dejó el acusado, mientras él procedía a limpiar la escena del crimen, darse una ducha y cambiarse de ropa. "Era tal la serenidad y frialdad del acusado aquella mañana" que aproximadamente sobre las 13,30 horas unas primas de la víctima,  preocupadas por su ausencia, llamaron a la puerta y a través de una ventana vieron al procesado "sentado tranquilamente delante del televisor". Cuando éste se percató de su presencia "bajó la persiana" y puso la cadena de seguridad en la puerta para así impedir que pudiera ser abierta desde el exterior.

   Sin embargo, añade el relato del fiscal, las horas transcurrían y Araceli seguía respirando, por lo que "decidido a consumar su propósito inicial" trató de asfixiarla con una bolsa de plástico mientras estaba inconsciente en el suelo y sólo cesó cuando la creyó muerta, tras lo que continuó "con sus labores de limpieza".

   Otra prima de la víctima, extrañada por su ausencia pues acostumbraban a comer juntas, se dirigió al domicilio conyugal a las 15,00 horas y trató de abrir la puerta con un juego de llaves que tenía, pero no pudo al estar echada la cadena de seguridad.

   En ese momento decidió avisar a la Policía, que tras abrir la puerta detuvo al acusado y alertó a los servicios sanitarios para que asistieran a Araceli, que fue trasladada en helicóptero hasta el Hospital de Traumatología de Granada, donde falleció el 7 de junio a causa de las heridas causadas por el acusado.

   El informe de la autopsia determinó que tuvo una "muerte violenta de etiología médico-legal homicida", siendo la causa inmediata un síndrome de hipertensión intracraneal y la fundamental un traumatismo cráneo encefálico con fractura y hundimiento del parietal derecho y herniación cerebelosa.

   Los agentes hallaron en la vivienda el martillo con el que presuntamente fue agredida la mujer, una profesora prejubilada del CEIP Reina Fabiola de Motril que no había presentado denuncias previas por malos tratos, aunque sí había solicitado asesoramiento jurídico al área municipal de Igualdad del Ayuntamiento de la localidad.

   La acusación particular, que ejerce el letrado Francisco Feixas, solicitó para el acusado la pena de 25 años de prisión, por asesinato con alevosía y ensañamiento, y una indemnización de 300.000 euros para los herederos de la víctima.