El alcalde de Armilla (Granada), el socialista Gerardo Sánchez, ha defendido este miércoles su actuación en el Ayuntamiento ante el caso de los vertidos en el Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud (PTS), y ha confiado en que será absuelto de los delitos contra el medio ambiente y de prevaricación administrativa de los que está acusado.
En la primera sesión del juicio en el Juzgado de lo Penal 4 de Granada, el regidor, para el que la Fiscalía pide un año de cárcel, multa de 1.800 euros e inhabilitación especial por seis meses, ha explicado detalladamente todo el proceso desde que llegó a la Alcaldía en 2007, cuando, según ha dicho, no existía una adecuada red de saneamiento en el municipio.
Antes de esa fecha, según ha explicado, las aguas residuales de la localidad se vertían a la acequia Arabuleila, por lo que el Ayuntamiento comenzó a intentar buscar una solución. Así, aprovechando la finalización de la tercera fase de las obras en el PTS, se propuso mejorar la red de saneamiento, y las obras se empezaron a ejecutar en 2010. En marzo de 2011, se recepcionaron y en abril de 2011 el Ayuntamiento encargó a Emasagra un informe sobre la solución técnica posible, pero las elecciones cambiaron el color político en el municipio y el PP ganó las elecciones.
Así, Sánchez ha incidido en que los vertidos fueron detectados por el Seprona en la etapa en que el 'popular' Antonio Ayllón estaba en la Alcaldía, por lo que no pudo retomar el proyecto hasta enero de 2013, cuando volvió a coger el bastón de mando municipal tras una moción de censura.
No obstante, sí que ha matizado que a la acequia sólo se vertían aguas pluviales, y ha explicado que, puntualmente, y a consecuencia de unas inundaciones en uno de los edificios anexos al PTS, sí se autorizó que se derivaran a ella esas aguas, que eran de lluvia, tras una fuerte tormenta, por una situación de "emergencia" y previo informe técnico.
Por otra parte, ha negado irregularidades en la petición de una subvención de 450.000 euros a la agencia IDEA de la Junta de Andalucía y ha rechazado haber prevaricado o haber intentado engañar al organismo público, ya que aportó toda la documentación técnica que se le requirió.
En el caso también está imputado por delito contra el medio ambiente el ingeniero director de las obras de saneamiento, Humberto G.M., al que sólo acusa el PP, personado como acusación popular. El técnico ha considerado que la solución que adoptó el Ayuntamiento de Armilla ante las carencias de su red de saneamiento fue la correcta y ha negado que se vertieran aguas fecales a la acequia, pues en la zona no había viviendas, sino sólo aguas pluviales.
El juicio continuará este jueves, cuando está previsto que la Fiscalía y la acusación popular decidan si mantienen o no los cargos atribuidos, tras lo que el caso quedará visto para sentencia.
"CONDENA DE BANQUILLO" POR UNA "DENUNCIA POLÍTICA"
A su llegada a los juzgados, Sánchez se ha mostrado "tranquilo" y "convencido" de que saldrá absuelto y ha dicho a los periodistas que "por fin" ha llegado el momento en que se pueda aclarar una denuncia que durante cinco años le ha venido "persiguiendo" con "múltiples titulares" y con una "condena de banquillo" a consecuencia de "una denuncia totalmente política" que interpuso el portavoz del PP en el Ayuntamiento de la localidad, Antonio Ayllón, y su partido contra él.
"Tengo que decir que ya se ha pronunciado el pueblo de Armilla decidiendo en este caso yo siguiera en la Alcaldía y Antonio Ayllón redujera prácticamente a la mitad los votos que tenía y ahora lo tiene que hacer la justicia", ha mantenido Sánchez, quien ha dicho además que en este asunto el Ayuntamiento actuó "de forma correcta".
Por eso, ha mostrado su "absoluta confianza en la justicia" considerando que en unos días será absuelto. "Pasará página e iremos con la pelea en otro ámbito, pero al menos en éste, en el judicial, quedará resuelto este famoso caso de los vertidos del PTS", ha concluido.
En su escrito de acusación provisional, la Fiscalía recuerda que la construcción y urbanización del Plan Parcial Campus de la Salud de Armilla se desarrolló en tres fases o etapas, correspondiendo al Ayuntamiento de Armilla la urbanización de la fase tercera. En esta tercera fase, se establecía que el saneamiento estaría constituido por dos redes independientes: La denominada "red aliviadero" que recogería las aguas negras y pluviales de toda la zona aguas arriba; y la denominada "red norte" que sanearía las parcelas situadas aguas abajo.
Así, por parte de Sánchez, alcalde de Armilla desde 2007 hasta junio de 2011 --y actualmente-- se solicitó, el 19 de noviembre de 2008, para las obras de urbanización de la tercera fase de ese Plan Parcial, una subvención "urgente" para hacer frente a los gastos de ejecución de las obras de saneamiento y pluviales dado que a pesar de estar ejecutadas un 40 por ciento de las obras de urbanización de uso residencial, los vertidos existentes se realizaban a acequias y además las aguas pluviales provenientes de las dos primeras fases no tenían salida canalizada hasta el colector de la margen derecha del río Monachil.
La Agencia IDEA concedió la subvención solicitada el 18 de febrero de 2009 cuyo fin era la financiación de los gastos de ejecución de las obras de saneamiento y vertidos en los trabajos de urbanización de la tercera fase respecto de la edificaciones de uso residencial.
Concedida la subvención, el importe de la misma se destinó a las obras de urbanización, saneamiento, y abastecimiento de agua potable, "a excepción de dos tramos de colector que permitieran la conexión de la red de saneamiento norte y red aliviadero con el colector de la red general de Granada, EDAR Sur".
Las razones de no finalizar el proyecto, según la Fiscalía, "fueron de carácter técnico y suponían un incremento del presupuesto inicialmente previsto", "razones ajenas", al Ayuntamiento y al alcalde, lo que hizo constar IDEA.
Las obras necesarias para la finalización de la red y evitar los vertidos consistían en la conexión del saneamiento general del Campus de la Salud que se encuentra en la puerta de Fermasa. Para ello era preciso cambiar el punto de conexión a la red general inicialmente previsto, pero al finalizar las obras "la empresa constructora dejó una tubería cortada a la espera de conectar con el colector de Emasagra".
"DESCONOCIMIENTO GRAVE" DEL ALCALDE
El 28 de marzo de 2011 el alcalde procesado "autorizó la conexión de la red inacabada a la acequia Arabuleila para desaguar la red en evitación de que pudiera entrar en carga", con "desconocimiento grave" de las normas de precaución y cuidado que le eran exigibles en atención al cargo que desempeñaba, y tomando una decisión "sin las autorizaciones legalmente exigibles".
Según la fiscal, no se realizó por el Ayuntamiento solicitud al Servicio de Dominio Público Hidráulico y Calidad de las Aguas de autorización de vertido a la acequia Arabuleila, si bien ese "vertido no podría ser autorizado por cuanto que la acequia no constituye un elemento del dominio público hidráulico". "En cualquier caso y si se hubiera obtenido la autorización, la utilización para riego implicaría la correspondiente autorización de reutilización de aguas depuradas".
Así, aunque el 11 de agosto de 2011 un técnico de Servicio Andaluz de Salud no detectó vertidos, el 26 de enero de 2012 agentes del Seprona comprobaron la existencia de caudal de vertido de agua residual procedente de vertido directo de la red de saneamiento a la acequia Arabuleila y procedieron a la toma de muestras que fueron remitidas a la Agencia de Medio Ambiente y Agua.
Por ello, concluye Fiscalía que "los vertidos ilícitos e incontrolados" en el PTS derivados del incumplimiento de las obligaciones del Ayuntamiento de Armilla "han supuesto una posibilidad de grave perjuicio para los sistemas naturales".
