La Policía Nacional ha desarticulado una organización supuestamente dedicada a la trata de mujeres en situación de vulnerabilidad a quienes consideran que explotaban sexualmente y de manera itinerante en una vivienda de Granada.

En la denominada 'Operación Sultana' han sido liberadas seis mujeres y se ha detenido a otra de origen colombiano que supuestamente regentaba la casa de citas y a un español que alquilaba las viviendas en el barrio del Zaidín, ambos como presuntos autores de delitos de trata de seres humanos y relativos a la prostitución.

La investigación se inició a principios de año por parte de agentes de las Brigadas de Extranjería y Fronteras de las Comisarías de Granada y Linares, debido a las constantes quejas vecinales recibidas por ruidos de madrugada de los clientes de una casa de citas sobre la que se llevaron a cabo vigilancias que constataron el constante trasiego de hombres a horas nocturnas y fines de semana.

Las pesquisas policiales llevaron a identificar a la persona que regentaba esta casa, una mujer originaria de Colombia, así como al varón de nacionalidad española que alquilaba las viviendas en el barrio del Zaidín en las que supuestamente se explotaba sexualmente a mujeres, en su mayoría extranjeras en situación irregular.

Posteriormente los policías llevaron a cabo un dispositivo para la localización y detención de los presuntos responsables de la explotación sexual de las mujeres en la que ambos fueron detenidos y registrada la vivienda en la que desarrollaban esta actividad y donde fueron liberadas seis mujeres.

Para evitar ser descubierta, la pareja en cuestión llegó a dejar la casa en la que fueron detectadas y se cambiaron a otra de la misma zona residencial, pese a tener en vigor el contrato de alquiler.

En estas viviendas las mujeres debían prestar sus servicios sexuales durante las 24 horas del día, aprovechándose además de la situación irregular o de turista, con las que no se puede trabajar, de las circunstancias personales, sociales y familiares de éstas.

La tratante además de no informar a las mujeres acerca del porcentaje de dinero que se quedaban por sus servicios sexuales, escogía su procedencia de un círculo de residencia cercano en el país de origen con lo que difícilmente la iban a denunciar, dado que conocían a la mujer que las captaba desde la infancia o habían residido en la misma zona en Colombia, lo que suponía un freno añadido y ofrecía mayores cuotas de seguridad a los explotadores.