El martes 30 de abril, a partir de las 19:30 horas en el salón de la Torre de la Merced, tendrá lugar una Asamblea Abierta a cargo del parlamentario andaluz de Izquierda Unida, Ignacio García, que versará sobre el Decreto-Ley para garantizar la función social de la vivienda, publicado el pasado día 12 de abril.
El ponente explicará las consecuencias de este Decreto-Ley, que intenta consagrar la vivienda "como un derecho protegido, combatiendo, por tanto, su concepto de mera mercancía". Para Izquierda Unida, este Decreto supone "un giro radical en la forma de concebir la vivienda: de la vivienda como mercancía se pasa a la vivienda como derecho".
Además, el citado decreto pretende dar una respuesta contundente a una situación de emergencia social, económica y habitacional. "Supone un ejercicio de defensa del interés general frente a los intereses particulares de la banca y las grandes empresas, apuntando directamente a los culpables de la crisis en beneficio de sus víctimas", manifiestan desde el partido, que defiende que, frente a otros gobiernos autonómicos o el propio gobierno central, "IU da estricto cumplimiento a su programa y al pacto de gobierno, estableciendo una serie de medidas concretas que garanticen esta función social".
Este Decreto contempla la expropiación temporal, durante tres años, del uso de las viviendas a las personas jurídicas (bancos, filiales, entidades de gestión…) que estén en proceso de ejecución o hayan sido embargadas a aquellas personas que se encuentren en riesgo de exclusión social y no tengan alternativa habitacional. "Ante la incapacidad del Gobierno central de asumir su responsabilidad y terminar con los desahucios ilegítimos, Izquierda Unida en el gobierno andaluz exprime sus competencias para impedir los desahucios", explican desde Izquierda Unida Rota.
Además, el Decreto contempla sanciones de hasta 9.000 euros a bancos e inmobiliarias que tengan viviendas vacías. Contempla incentivos al alquiler para personas físicas asegurando los riesgos que conlleva el arrendamiento y garantizando el cobro de la renta y el arreglo de eventuales desperfectos, así como medidas fiscales que determinen las respectivas Administraciones; subvenciones que serán recogidas en el próximo Plan de Vivienda.
Al tratarse de una asamblea abierta, los asistentes pueden dirigir sus interrogantes y participar de una forma directa. El objetivo es que el decreto-ley quede lo suficientemente claro y que todos puedan disipar las dudas que tengan al respecto.
