800 firmas llevan recogidas hasta ahora las integrantes de la Plataforma de los Derechos de las Personas Sin Hogar y Colectivos Vulnerables y que esperan que sean más hasta mediados del próximo mes de junio. Firmas que harán llegar al próximo Gobierno local que quede constituido tras el 28 de mayo –elecciones municipales- para que lleven a efecto un total de 14 reivindicaciones que consideran imprescindibles para mejoras las “condiciones extremas” en las que viven las personas sin hogar (PSH) de San Fernando. Se calcula que actualmente son unas 60.
Mila Fernández, de Pesho-De, Marisol Gómez, de la Asociación de Pro Derechos Humanos de Andalucía, y Eleni, de Calor en la Noche, han dado a conocer este martes los entresijos de dicha campaña de recogida de firmas y, sobre todo, en qué consisten esas medidas que esperan que el próximo Gobierno municipal haya suyas durante el próximo mandato corporativo.
La primera de ellas es el incremento de los profesionales de los Servicios Sociales y que no se proceda a la privatización de los mismos. La segunda es que se proceda al empadronamiento de las personas sin hogar que actualmente viven la localidad isleña, mientras que en la tercera hacen referencia a la necesidad de crear equipos de calle multidisciplinares para detectar y acompañar a estas personas.
En cuarto lugar, reclaman un centro de día para la antención de PSH integrado por equipos multidisciplinares y en quinto la puesta en marcha de un albergue de alta tolerancia con una atención personalizada e integral.
La sexta medida es la que contempla políticas alternativas al sistema actual de albergue en San Fernando orientada al modelo Housing First (la casa lo primero), mientras que en la séptima hacen referencia al cumplimiento de la normativa obligatoria de seguridad y accesibilidad en el actual albergue Federico Ozonan. En la octava reclaman la instalación de aseos públicos adaptados en la ciudad, así como el incremento de las fuentes públicas de agua.
En materia de vivienda, son varias las medidas que piden que se pongan en marcha durante los próximos cuatro años por parte del Gobierno local que salga elegido. Así, como novena propuesta se encuentra el aumento de las políticas de vivienda pública para el alquiler, mientras que la décima versa sobre la necesidad de un soporte de políticas municipales para ayuda al alquiler de personas que perciben una renta mínima, en tanto no se mejoren las condiciones de vivienda pública para el alquiler. Y la undécima es relativa a que no se produzca ningún desahucio sin alternativa habitacional.
A nivel laboral, en la duodécima reivindican políticas municipales para favorecer en la integración laboral de personas sin hogar con incentivos a empresas. En la número 13 la petición va enfocada a que se pongan en marcha medidas que sirvan para reducir la brecha digital de estas personas y colectivos vulnerables.
Por último, exigen que se pongan en marcha campañas de sensibilización sobre la problemática del sinhogarismo y la pobreza extrema.
Saben que es difícil que se asuman todas de una tacada en los próximos cuatro años, pero al menos hay algunas que sí se pueden poner en marcha como es el centro de día.
