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San Fernando

Las salinas todavía pueden salvarse

La nueva Ley de Costas elimina el dominio público en determinados supuestos que permitirían a los pequeños propietarios pedir préstamos avalados por el suelo.

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  • San Fernando -

Las leyes proponen. Los reglamentos disponen. La nueva Ley de Costas, ya criticada por los ecologistas al considerarla una suerte de peaje del Partido Popular por compromisos con grandes empresas, en los casos en los que se van a salvar de la picota unas 10.000 viviendas con tiempo de caducidad en 2018, puede tener, sin embargo, ventajas para San Fernando, en el caso de que aún quede tiempo para algo.

La reforma de la actual Ley de Costas, vigente desde 1988 y que a pesar de ser una de las más proteccionistas de Europa no logró frenar conocidos episodios de construcción ilegal, abre la puerta a la solución de uno de los problemas que más han perjudicado a la ciudad en los últimos veinte años y a todo el sistema de salinas y esteros de la comarca de la Bahía de Cádiz.

La consideración de este tipo de suelos como zona de Dominio Público Marítimo-Terrestre impedía la propiedad de los mismos a particulares, por lo que su explotación dependía de concesiones del Ministerio de Medio Ambiente.

El gran problema que tuvieron los pequeños salineros o los emprendedores que pretendieron pasar de la producción de sal a la acuicultura, fue precisamente como consecuencia del sistema de concesión sobre el de propiedad, de forma que cuando pretendían invertir en la reconversión o en la producción se encontraban con el hándicap de que no podía presentar sus salinas como aval para conseguir los préstamos bancarios con los que comenzar el negocio.

Consecuencias
Esa circunstancia, obviamente, ha provocado en estos dos consecuencias perfectamente delimitadas. Por una parte, el deterioro y la colmatación de muchas salinas de toda la Bahía de Cádiz ante la inviabilidad de los proyectos en el caso de los concesionarios de pequeñas extensiones.

Por otra, la acaparación de la actividad salinera y acuícola -principalmente esta última- por parte de los empresarios con mayor poder, hasta llegar en algunos casos al latinfundismo del agua sujeto a intereses menos locales y, por ende, deslocalizables en todo o en parte de su actividad.

La eliminación del dominio público en salinas e instalaciones acuícolas promueve la propiedad, aunque ese cambio legislativo llega en unos momentos en los que no se conoce a ciencia cierta el potencial de la bahía tras tantos años sufriendo las consecuencias adversas antes mencionadas.

No obstante, también hay dos cosas que tener en cuenta en el mejor de los escenarios. La primera es que el proyecto de ley señala que “no pasarán a formar parte del dominio público marítimo terrestres aquellos terrenos que sean inundados artificial y controladamente, como consecuencia de obras o instalaciones al efecto, siempre que antes de la instalación no lo fueran”.

En este caso entrarían en colisión las opiniones que mantienen que el sistema de salinas es absolutamente artificial y quienes mantengan que se construyó sobre suelo inundable ganado al mar, un concepto que Costas siempre ha utilizado sacando a la luz fósiles marinos como argumento decisorio para incorporar suelo al dominio público.

La segunda es que aunque el proyecto de ley cataloga las playas como urbanas y rodeadas de suelos protegidos -que es el caso de la de San Fernando- y ese concepto sobre las playas sería aplicable también a las salinas en una ciudad en la que 16 kilómetros cuadrados del término municipal -aproximadamente la mitad- son parque natural.

Según el reglamento
Como se decía al principio, las leyes proponen y los reglamentos disponen, por lo que habrá que esperar a la redacción de este último para saber hasta dónde se puede llegar en la recuperación de los muchos kilómetros cuadrados de salinas perdidas por el abandono causado indirectamente por la actual Ley de Costas.

Otra cosa es que las circunstancias económicas permitan a los pequeños concesionarios y posibles propietarios levantarse de sus cenizas como el ave Fénix o el efecto resultante sea el mismo que con la ley actual, que sólo las grandes empresas puedan emprender proyectos acuículas y salineros aumentando el latifundismo que ya se ha instalado en toda la Bahía de Cádiz. Pero todo estaría bien menos perder lo poco que queda de las marismas.

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