La lectura que hace de la situación de la vivienda en San Fernando, el escándalo de la grabación a la concejala Ana Lorenzo y la dimisión de ésta, incluya un componente más a la hora de analizar los hechos y sus consecuencias.
Tras destacar “la componente de dignidad de la concejal en el acto de dimisión, situación poco vista por estos lares, así como de valorar la componente humana originaria de esta tesitura”, 3R exige a la alcaldesa de la ciudad, Patricia Cavada, que proceda “de inmediato” a convocar a la Junta General de Esisa.
La exigencia no es para hablar de construir más viviendas sociales, sino con el único punto del día de la puesta en marcha del cierre de la Empresa del Suelo Isleá SA (Esisa) ante su “incapacidad manifiesta” de conseguir su objeto social, la ejecución de viviendas públicas, de viviendas sociales, puesto que lleva más de siete años sin ejecutar una de ellas.
3R dice que si esta instrumental publica hubiera ejecutado su fin social, el área correspondiente del Ayuntamiento contaría con recursos suficientes para que ninguna familia isleña, estuviera al intemperie y cuanto menos con pequeños “y no hubiéramos sido testigos presenciales de que un responsable político, un servidor público, invitara a un ciudadano a vulnerar la Ley, ante la falta de esos recursos”.
“ Nadie ni nada está por encima de la Ley, dimites, te cesan o el Estado de Derecho te ubica, en última instancia y no existen patinas de justificación alguna, en caso de responsables públicos, garantes precisamente del cumplimiento de la misma”.
“Pero en este caso subyace, para ser ecuánime, una causa de fondo, ajena a quien dimite, como es la existencia de una empresa pública zombie, muestra y representación del clientelismo político, del extinto partido nacionalista y con la complicidad tanto del PP como del PSOE, que lo han permitido y se han puesto de perfil, como la verdadera causa y de su incapacidad de ejecutar viviendas sociales”, dice 3R.
Es por eso que se pide la disolución de Esisa después de una auditoría integral por parte de una consultora privada.
3R hacía días atrás balance del Plan de Vivienda 2012, en el que se preveía ejecutar más de 400 viviendas hasta 2016 y más de 2.800 viviendas sociales hasta 2024, de las cuales no se ha ejecutado ninguna. Además. el 9 de agosto, se debe de cerrar el nuevo Plan de Viviendas Municipal 2017 y a día de hoy nadie sabe nada de él, ni se abierto cauce de participación alguno en la sociedad isleña.
Las cuentas de la empresa pública que 3R pretende disolver y que es de capital social 100% publico, ha costado a los isleños el año pasado 2.374.148,48 euros y sólo en nóminas la “friolera” de 432.111 euros. “Y esto para no construir una sola vivienda social en una ciudad donde hay más de 3.000 ciudadanos inscritos en el Registro Demandantes de Vivienda, buscando viviendas públicas, viviendas sociales, que no encuentran”.
